El conflicto desatado tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, impulsado por el Gobierno nacional para desregular el servicio de practicaje y pilotaje, mantiene paralizada buena parte de la actividad portuaria del país, con al menos 140 buques sin operar y crecientes advertencias sobre el impacto en las exportaciones, la industria energética y el abastecimiento de combustibles.
La medida de fuerza, llevada adelante por prácticos, pilotos y baqueanos, afecta desde la Hidrovía Paraná-Paraguay hasta los puertos marítimos del sur del país. Entre las terminales más comprometidas se encuentran las de Rosario, San Lorenzo, Timbúes, Bahía Blanca, Campana, Dock Sud y Ushuaia, por donde circula alrededor del 80% del comercio exterior argentino.
Ante la continuidad del paro por tiempo indeterminado, la Prefectura Naval Argentina comenzó a intimar de manera individual a más de 500 profesionales para que retomen sus funciones. El Gobierno sostiene que el practicaje constituye un servicio público esencial y advirtió que la interrupción podría derivar en sumarios administrativos e incluso denuncias penales.
La desregulación que desató el conflicto
El origen de la disputa es el Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que modifica el régimen vigente desde 1991.
La reforma elimina diversas restricciones para ejercer la actividad, habilita el ingreso de nuevos prestadores sin límites de cupos, permite que los usuarios contraten libremente a los prácticos y establece que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) fijará tarifas máximas para el servicio.
Además, flexibiliza las condiciones para el transporte de prácticos, actualiza los criterios de exención del uso obligatorio del servicio y reconoce la experiencia de capitanes extranjeros con conocimiento de la zona y dominio del idioma inglés.
Al defender la medida, Sturzenegger afirmó que el objetivo es reducir los costos logísticos y eliminar lo que definió como “kioscos regulatorios”, para mejorar la competitividad del comercio exterior.
Sin conciliación obligatoria
Una de las particularidades del conflicto es que los prácticos no se encuentran nucleados en un sindicato, sino que actúan como profesionales independientes.
Esa condición impide al Gobierno dictar una conciliación obligatoria, ya que jurídicamente no existe un conflicto laboral tradicional sino una decisión individual y coordinada de los prestadores de no aceptar nuevos contratos.
Mientras tanto, las intimaciones enviadas por la Prefectura buscan restablecer el servicio, aunque hasta el momento la medida de fuerza continúa sin cambios.
Exportaciones frenadas y pérdidas millonarias
La paralización de los puertos ya comenzó a generar importantes consecuencias económicas.
Con más de 140 buques detenidos, las exportaciones de granos permanecen interrumpidas y parte de las cargas comenzó a desviarse hacia puertos de Montevideo y del sur de Brasil, incrementando los costos logísticos y demorando las entregas internacionales.
El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), Gustavo Idígoras, advirtió que cada barco inmovilizado representa un costo adicional de entre 50.000 y 100.000 dólares diarios en concepto de demora.
Además, alertó que la situación podría afectar la reputación comercial del país al incumplirse contratos internacionales de exportación.
Riesgo para el abastecimiento de combustibles
Uno de los sectores que más preocupación genera es el energético.
La Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que las operaciones portuarias de las empresas asociadas permanecen interrumpidas debido a la falta de prácticos, una situación que podría dificultar el ingreso y distribución de nafta, gasoil y fuel oil.
La preocupación también alcanza al proyecto Vaca Muerta Oil Sur, cuya terminal offshore en Bahía Blanca debió detener parte de sus trabajos debido a las restricciones operativas provocadas por el conflicto.
Cuestionamientos desde Uruguay
La desregulación también generó repercusiones fuera del país.
La Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay, Río de la Plata y Litoral Marítimo expresó su preocupación por el nuevo marco regulatorio y advirtió que podría generar riesgos para la seguridad de la navegación, además de entrar en tensión con disposiciones del Tratado del Río de la Plata y con recomendaciones de la Organización Marítima Internacional.
En un comunicado, la entidad sostuvo que el practicaje es una actividad esencial para proteger la vida humana en el mar, preservar el ambiente y garantizar operaciones portuarias seguras, por lo que pidió revisar la medida y abrir un ámbito de diálogo entre ambos países.
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