Más allá de disponer de un techo, una parte significativa de las personas con discapacidad en la Argentina habita viviendas que restringen su autonomía, su privacidad y el desarrollo de las actividades cotidianas. El 27% de las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) que reside en viviendas particulares vive en condiciones de hacinamiento, de acuerdo con un informe de la Fundación Tejido Urbano basado en la última información nacional disponible de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Del total, el 19,2% enfrenta un hacinamiento moderado, mientras que otro 7,8% se encuentra en una situación crítica, definida por la convivencia de más de tres personas por ambiente. Este último indicador representa aproximadamente el triple del registrado para el conjunto de la población argentina.
El dato surge del Anuario Estadístico 2022 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que constituye la fotografía nacional más reciente sobre las condiciones habitacionales de las personas con CUD. El informe advierte que, aunque los registros sobre cantidad y distribución territorial fueron actualizados posteriormente, no ocurrió lo mismo con las variables relacionadas con vivienda, infraestructura, entorno y hacinamiento.
En la Argentina hay 1.684.727 personas con discapacidad que cuentan con CUD, equivalentes al 3,69% de la población. Sin embargo, esta cifra no comprende necesariamente a todo el universo de personas con discapacidad, ya que solo contabiliza a quienes tramitaron y obtuvieron el certificado.
Viviendas que limitan la autonomía
El 96% de las personas certificadas residía en viviendas particulares, mientras que el 4% habitaba en establecimientos colectivos. También fueron registradas 127 personas en situación de calle.
Entre quienes vivían en casas o departamentos, el 93,1% tenía acceso a infraestructura básica, pero el 6,9% permanecía en viviendas sin servicios esenciales. A su vez, un tercio -el 33,7%- residía sobre calles de tierra o mejoradas, una condición que puede profundizar las dificultades de movilidad y acceso al transporte, la salud y otros servicios.
Las barreras no se limitan al entorno urbano. Un estudio nacional del INDEC citado en el documento reveló que el 9,5% de los hogares con al menos una persona con dificultad o limitación permanente presentaba carencias críticas en sus instalaciones sanitarias, mientras que el 5,2% tenía el baño fuera de la vivienda.
Además, el 26,5% de los hogares necesitaba realizar reformas o arreglos debido a las dificultades de alguno de sus integrantes, pero solamente el 50,2% había logrado concretar esas adecuaciones. En términos prácticos, casi la mitad de las familias que requerían modificar la vivienda continuaba sin las adaptaciones necesarias. Las intervenciones pueden comprender desde rampas y puertas más anchas hasta baños accesibles, pisos antideslizantes, eliminación de desniveles, sistemas de apoyo y modificaciones que faciliten la circulación dentro del hogar.
El informe plantea, no obstante, que la accesibilidad física constituye apenas el primer nivel de inclusión. Una vivienda adecuada también debe estar acompañada por transporte, servicios de cuidado, tecnologías de apoyo y redes comunitarias que permitan desarrollar una vida independiente.
La precariedad habitacional puede dificultar el descanso, los cuidados, el uso de equipamiento médico y la movilidad dentro del hogar. En los casos más graves, una vivienda inadecuada puede impedir que una persona abandone una institución sanitaria aun cuando ya no necesite permanecer internada.
Entre las personas con CUD alojadas en hospitales, clínicas y sanatorios, el 22,8% se encontraba en condiciones de externación. El dato expone la falta de alternativas residenciales y apoyos comunitarios para quienes tienen el alta médica, pero no disponen de una vivienda adecuada o de una red que sostenga su vida fuera de la institución.
Un cupo con aplicación desigual
La Ley 26.182 establece que al menos el 5% de las viviendas financiadas con recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) debe destinarse a personas con discapacidad o familias con algún integrante con discapacidad. Sin embargo, reservar formalmente el cupo no garantiza que las viviendas sean efectivamente adjudicadas ni que cuenten con las adaptaciones requeridas. La aplicación depende de los criterios utilizados por cada jurisdicción, de la disponibilidad de unidades y del seguimiento de los procesos.
Tejido Urbano analizó 786 soluciones habitacionales entregadas en diez provincias entre enero y junio de 2026. Al menos 43 fueron adjudicadas a personas con discapacidad o familias con integrantes con discapacidad, lo que representó el 5,5% del total relevado, apenas por encima del piso legal.
El promedio, sin embargo, encubre fuertes diferencias. Algunas adjudicaciones locales destinaron entre el 10% y el 20% de las viviendas a este grupo, mientras que otros desarrollos quedaron por debajo del mínimo o no registraron beneficiarios dentro del cupo. El documento remarca que la muestra no comprende todas las viviendas entregadas en el país, por lo que no permite concluir que el cupo se cumpla de manera general.
Las experiencias más avanzadas incorporan viviendas comunitarias, casas asistidas y residencias con acompañamiento interdisciplinario. Estos modelos buscan superar la lógica de la institucionalización y ofrecer apoyos ajustados al nivel de autonomía de cada persona.
En cambio, la oferta privada específicamente orientada a personas con discapacidad continúa siendo incipiente. La mayoría de los desarrollos inmobiliarios se concentra en cumplir los requisitos físicos básicos de accesibilidad, pero son todavía escasas las propuestas que combinan viviendas adaptadas, espacios compartidos, servicios profesionales y redes de apoyo.
El informe propone avanzar hacia un cambio de paradigma: dejar de pensar la vivienda únicamente como una unidad física y entenderla como una plataforma para construir autonomía, vínculos sociales y participación comunitaria. En ese marco, el hacinamiento no representa solo una carencia habitacional. Para una persona con discapacidad puede convertirse en una barrera adicional que limite la movilidad, complique los cuidados y reduzca las posibilidades de desarrollar una vida autónoma.
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