La dificultad de las familias y las empresas para afrontar sus compromisos financieros alcanzó niveles récord en la Argentina. En mayo de 2026, 5,8 millones de personas acumulaban atrasos superiores a los 90 días con bancos, billeteras virtuales u otros proveedores de crédito, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaborado a partir de información del Banco Central.
En total, 20,9 millones de personas mantenían algún tipo de deuda financiera. De los 5,8 millones en situación irregular, 3,4 millones tenían compromisos impagos exclusivamente con billeteras virtuales y proveedores no bancarios; 1,3 millones, solamente con entidades bancarias; y otros 1,1 millones registraban mora en ambos sistemas.
La cifra implica un incremento del 76% respecto de febrero de 2024, cuando se contabilizaban 3,3 millones de morosos. Durante el mismo período, la cantidad total de personas endeudadas aumentó apenas 8,1%, una diferencia que muestra que el principal problema no fue solamente la expansión del crédito, sino la creciente imposibilidad de pagarlo.
Más de $3 millones por cada moroso bancario
A partir de los datos del CEPA, la diputada y economista Julia Strada calculó que la deuda promedio de una persona en mora con los bancos asciende a $3.031.476. Cuando se consideran conjuntamente los compromisos bancarios y no bancarios, el promedio ronda los $1,5 millones por deudor irregular.
En términos absolutos, la mayor cantidad de personas morosas se encuentra en la provincia de Buenos Aires, con aproximadamente 2,2 millones. Le siguen Córdoba, con cerca de 500 mil; Santa Fe, con 400 mil; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con alrededor de 340 mil. Estos números están influidos por el tamaño poblacional de cada jurisdicción y no deben confundirse con las tasas provinciales de irregularidad.
Cuando se analiza el porcentaje de deuda impaga sobre el total del financiamiento, el mapa cambia. La Rioja presenta la mayor tasa combinada de morosidad, con 22,8%, seguida por San Luis, con 20,1%, y Catamarca, con 20%. Los niveles más bajos corresponden a La Pampa, con 9,1%; la Ciudad de Buenos Aires, con 10,1%; y Santa Fe, con 12,4%.
Diecinueve meses consecutivos de deterioro
La morosidad del sector privado con las entidades financieras alcanzó en mayo el 7,6% de la cartera, después de 19 meses consecutivos de aumento. En octubre de 2024 el indicador se ubicaba en apenas 1,5%.
El deterioro fue mucho más pronunciado entre las familias que entre las empresas. En los hogares, el ratio de irregularidad bancaria pasó de 2,5% a 12,3%, mientras que en las empresas avanzó de 0,7% a 3%. Según el CEPA, la mora bancaria de las familias alcanzó su nivel más elevado desde la crisis de 2001.
Los principales focos de incumplimiento son los préstamos personales y las tarjetas de crédito. Ambos instrumentos concentraron el 73% del saldo irregular de las familias en abril. La mora llegó al 14,9% en los préstamos personales y al 12,5% en las tarjetas.
Esto refleja una característica central del endeudamiento actual: buena parte del crédito no está destinada a inversiones de largo plazo o a la adquisición de bienes durables, sino a sostener consumos cotidianos, refinanciar saldos anteriores o cubrir gastos que los ingresos corrientes ya no alcanzan a afrontar.
El salto de las billeteras virtuales
El segmento más comprometido es el de las billeteras virtuales y otros proveedores no financieros. La mora de las familias con estas plataformas aumentó del 7,3% en noviembre de 2024 al 29,6% en mayo de 2026, superando incluso el máximo del 27,1% registrado durante la paralización económica provocada por la pandemia.
Al sumar bancos y plataformas digitales, la irregularidad de la cartera familiar se ubicó alrededor del 15,5%. El CEPA advierte que las billeteras suelen prestar a tasas más elevadas para compensar el riesgo de otorgar financiamiento a usuarios que, en muchos casos, tienen dificultades para acceder al sistema bancario tradicional.
El informe detectó además un desplazamiento del crédito. Entre abril y mayo, los bancos redujeron en 594.395 la cantidad de deudores con préstamos en situación normal, mientras las billeteras virtuales incorporaron 610.346 usuarios en esa misma categoría.
Para el CEPA, una explicación posible es que parte de las familias esté recurriendo a préstamos digitales para cancelar o refinanciar compromisos bancarios, luego de perder acceso a nuevas líneas en las entidades tradicionales. Al mismo tiempo, las categorías de mayor riesgo crecieron tanto en cantidad de usuarios como en montos dentro del sistema no bancario.
Los jóvenes, entre los más afectados
El problema atraviesa todas las edades, pero golpea especialmente a los más jóvenes. El 38,4% de las personas endeudadas de entre 18 y 34 años se encuentra en mora, prácticamente cuatro de cada diez.
Entre los menores de 25 años, el 40,9% de los créditos otorgados por bancos y billeteras presenta irregularidades. Aunque este grupo representa una proporción menor de los montos adeudados, concentra una parte significativa de los casos y alrededor del 80% de sus deudas morosas corresponde a plataformas digitales.
El acceso inmediato desde el teléfono, los menores requisitos y la posibilidad de obtener sumas pequeñas en pocos minutos facilitaron la incorporación temprana al crédito. Sin embargo, esas mismas características exponen a usuarios con ingresos bajos o inestables a tasas más altas y plazos reducidos.
Más de cuatro millones de jubilados endeudados
La presión financiera también alcanza a los adultos mayores. Un análisis de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia estimó que más de cuatro millones de jubilados y pensionados mantienen deudas activas, equivalentes al 44,6% del sector. Cerca de medio millón acumularía atrasos superiores a los 90 días.
La situación llevó al Banco Provincia a ampliar su programa de refinanciación, con plazos de hasta 72 meses y tasas especiales desde el 31% anual para casos de sobreendeudamiento. Durante el primer semestre de 2026, la entidad concretó más de 67 mil acuerdos por unos $270 mil millones, 157% más que en el mismo período de 2025.
El aumento de las refinanciaciones muestra que numerosas familias no solamente tienen dificultades para cancelar sus deudas, sino que necesitan extender los plazos para evitar caer definitivamente fuera del sistema crediticio.
Las empresas también sienten la presión
Aunque la irregularidad empresarial continúa por debajo de la registrada entre los hogares, el CEPA detectó un deterioro sostenido desde octubre de 2024.
La construcción presenta el nivel más elevado, con una mora del 7% al considerar bancos y proveedores no financieros. Le siguen alojamiento y servicios de comida, con 6,9%; actividades administrativas, con 5,5%; y comercio mayorista y minorista, con 5,1%.
El caso del comercio resulta especialmente relevante porque concentra casi el 30% del crédito corporativo. El aumento de la irregularidad puede traducirse en mayores dificultades para financiar capital de trabajo, reponer mercadería, afrontar salarios o sostener la actividad cotidiana.
Tasas elevadas e ingresos insuficientes
El CEPA atribuye el crecimiento de la morosidad principalmente a la caída del poder adquisitivo y al desajuste entre los ingresos familiares y el costo de las cuotas. La entidad sostiene que la desaceleración de la inflación no fue acompañada por una recuperación suficiente de los ingresos ni por una reducción equivalente de las tasas aplicadas al crédito.
Una crítica similar formuló Leonardo Ferrucci, empresario con más de dos décadas de trayectoria en el sistema financiero. “La inflación bajó, pero las tasas siguieron altas”, afirmó, y consideró que parte de la crisis fue generada por la persistencia de préstamos costosos.
Ferrucci sostuvo que las plataformas digitales pueden contribuir a la inclusión financiera, pero advirtió que su efecto depende del modo en que sean utilizadas. Como referencia mencionó a Pix, el sistema de pagos desarrollado por el Banco Central de Brasil, y planteó que facilitar la formalización de trabajadores independientes y pequeños emprendimientos permitiría ampliar la recaudación y la actividad económica.
El malestar excede el universo estrictamente financiero. Una encuesta nacional de QSocial reveló que el 50% de los consultados aseguró que ya no puede esperar más una mejora de su situación económica personal. La pregunta no se refería específicamente al endeudamiento, pero el resultado aporta contexto sobre el agotamiento social frente a la prolongación de las dificultades económicas.
El escenario que surge de los distintos relevamientos muestra una economía en la que el crédito dejó de funcionar únicamente como una herramienta para anticipar consumo o financiar proyectos. Para millones de personas se convirtió en un mecanismo para cubrir gastos corrientes, pagar vencimientos anteriores y sostener ingresos insuficientes. La consecuencia es una cadena de refinanciaciones, tasas elevadas y atrasos que amenaza con excluir a una parte creciente de familias y empresas del sistema formal.
El informe completo aquí👇
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