El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una nueva batería de aranceles a las importaciones provenientes de 60 socios comerciales, entre ellos la Argentina, en una decisión con la que el presidente Donald Trump busca reimpulsar su política comercial tras el revés judicial que sufrió meses atrás por parte de la Corte Suprema.
Las nuevas tarifas, que comenzarán a regir desde el primer minuto de este viernes, serán de entre el 10% y el 12,5%, según el nivel de adecuación de cada país a las normas estadounidenses para combatir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
En el caso argentino, el gravamen será del 10%, la alícuota más baja prevista por la administración de Trump. El gobierno estadounidense justificó esa decisión en que el país cuenta con legislación destinada a prevenir el ingreso de productos elaborados bajo condiciones de trabajo forzoso.
El anuncio fue realizado por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien explicó que la medida fue adoptada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Según sostuvo, el objetivo es presionar a los socios comerciales para que adopten y hagan cumplir prohibiciones efectivas contra este tipo de prácticas.
“Décadas de persuasión moral no han logrado erradicar el trabajo forzoso de las cadenas de suministro mundiales. Estados Unidos mantiene esta prohibición desde hace casi un siglo y es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, afirmó Greer.
Incertidumbre sobre el acuerdo con Argentina
Si bien la Argentina quedó dentro del grupo de países con menor carga arancelaria, todavía persisten dudas sobre el alcance concreto de la medida.
Fuentes citadas por La Nación indicaron que el Gobierno nacional esperaba conocer el texto definitivo para determinar cómo impactará sobre los 1.675 productos argentinos que habían obtenido beneficios arancelarios tras el acuerdo bilateral de comercio e inversiones firmado en febrero por el canciller Pablo Quirno y el representante comercial estadounidense.
El comunicado oficial del USTR prevé una serie de excepciones para determinados bienes, entre ellos materias primas estratégicas, productos cuya falta pueda afectar el abastecimiento estadounidense y mercancías cuya exención incentive a distintos países —incluida la Argentina— a fortalecer la aplicación de normas contra el trabajo forzoso.
Qué países pagarán más
Los países que cuentan con legislación considerada adecuada por Washington enfrentarán un arancel del 10%. En ese grupo, además de la Argentina, figuran Canadá, México, India, Reino Unido, Indonesia, Malasia, Guatemala, Ecuador y Bangladesh, entre otros.
En cambio, las economías que, según Estados Unidos, no poseen normas suficientes o no las aplican eficazmente deberán afrontar un gravamen del 12,5%. También habrá tasas diferenciadas para socios como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza.
La continuidad de la guerra comercial
La decisión reemplaza al arancel global transitorio del 10% que la administración Trump había impuesto por 150 días tras el fallo de la Corte Suprema que anuló buena parte de su esquema arancelario anterior.
Con esta nueva herramienta legal, la Casa Blanca busca mantener vigente su estrategia de protección comercial, aunque utilizando fundamentos distintos a los que habían sido cuestionados por la Justicia.
Quedarán excluidos de este nuevo régimen algunos productos ya alcanzados por aranceles específicos por razones de seguridad nacional, como el acero, el aluminio, los automóviles y sus autopartes, además de determinadas importaciones de alimentos, fertilizantes y productos energéticos.
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