La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como principal involucrado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que la fiscalía incorporara al expediente una serie de compras por casi 5,9 millones de pesos que habrían sido abonadas con tarjetas de crédito pertenecientes a dos empleados de la estructura de la Vocería Presidencial.
La pesquisa, encabezada por el fiscal Gerardo Pollicita, se encuentra en una etapa de consolidación de pruebas y de reconstrucción del patrimonio del funcionario. En ese marco, los investigadores buscan determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por Adorni y los gastos detectados durante la investigación.
Entre las operaciones bajo análisis figuran la compra de un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8 4K de 27 pulgadas, valuado en $2.184.999, y dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, cuyo costo conjunto ascendió a $3.663.590. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, las adquisiciones fueron realizadas en agosto del año pasado a través de la plataforma Mercado Libre.
Según la investigación, el monitor habría sido abonado con una tarjeta de crédito perteneciente a una directora general de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación, mientras que los proyectores fueron pagados utilizando dos tarjetas de un coordinador de Información de Gobierno que también presta funciones en el mismo organismo.
La causa también incorporó otra operación considerada relevante por los investigadores. Se trata de compras efectuadas en la firma Industria Argentina del Descanso S.A., bajo la marca comercial Rosen The Store, facturadas a nombre de una empleada pública por un monto superior a los 8,1 millones de pesos.
Gran parte de la información analizada por la fiscalía proviene del contenido extraído del teléfono celular del contratista Matías Tabar, quien estuvo a cargo de trabajos de remodelación en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.
A partir del análisis de ese material también surgió la adquisición de un flipper de colección de “Los Locos Addams”, valuado en aproximadamente 8.000 dólares, que habría sido destinado a equipar la vivienda.
El expediente es impulsado por el fiscal Pollicita con la asistencia técnica de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), cuyos especialistas avanzan en la comparación entre las declaraciones juradas patrimoniales del funcionario y las erogaciones detectadas mediante facturas, remitos, comprobantes y conversaciones incorporadas como prueba.
En los últimos días, la fiscalía solicitó nuevas medidas de prueba al juez Ariel Lijo. Entre ellas requirió información a billeteras virtuales, al country donde se encuentra la propiedad investigada, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y a distintos organismos vinculados con el análisis financiero.
El objetivo de esas diligencias es completar los datos pendientes para avanzar con un requerimiento formal de justificación patrimonial. Ese paso es considerado clave dentro del expediente y podría constituir la instancia previa a una eventual citación a declaración indagatoria del funcionario, siempre que la fiscalía considere reunidos los elementos suficientes para continuar con el proceso judicial.
Hasta el momento, la investigación permanece en etapa de recolección y análisis de pruebas, sin que exista una resolución definitiva sobre la responsabilidad penal del jefe de Gabinete.
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