El Gobierno nacional oficializó la adjudicación de la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay al consorcio conformado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus, que tendrá a su cargo la operación, mantenimiento y modernización de la principal vía fluvial del país durante los próximos 25 años.
La decisión fue formalizada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), que dio por concluido el proceso licitatorio iniciado a fines de 2025 para definir el futuro de la Vía Navegable Troncal, considerada estratégica para el comercio exterior argentino.
La concesión comprende tareas de dragado, redragado, señalización y mantenimiento de la ruta fluvial por la que circula cerca del 80% de las exportaciones nacionales. Además, contempla la ejecución de obras destinadas a mejorar la capacidad operativa del corredor y optimizar las condiciones de navegación.
Desde el Ministerio de Economía señalaron que la nueva etapa permitirá una reducción estimada del 13,5% en los costos logísticos, favoreciendo que los buques puedan completar cargas en los puertos de origen y fortaleciendo la competitividad de los productos argentinos en los mercados internacionales.
Según la documentación presentada por el grupo adjudicatario, el proyecto prevé ingresos por más de 15.700 millones de dólares durante toda la vigencia del contrato, con una facturación anual promedio superior a los 628 millones de dólares.
Las proyecciones también anticipan un incremento sostenido del movimiento de embarcaciones en los próximos años. De acuerdo con las estimaciones incluidas en la oferta, el tráfico internacional crecería más del 38%, mientras que el transporte de cabotaje aumentaría cerca del 28%. Asimismo, se prevé un incremento superior al 50% en el tránsito de buques hacia los puertos ubicados al norte de Santa Fe.
El Gobierno destacó que las inversiones más importantes se concentrarán durante los primeros siete años de la concesión. Entre las obras previstas figuran la profundización de canales, mejoras operativas e incorporación de nuevas tecnologías para reforzar la seguridad de la navegación y los controles contra actividades ilícitas.
La adjudicación establece además que el concesionario deberá constituir una Sociedad de Propósito Específico y presentar garantías por 40 millones de dólares para asegurar el cumplimiento contractual, además de una garantía adicional de 35 millones antes de la firma definitiva.
El esquema funcionará bajo la modalidad de obra pública por peaje y a riesgo empresario, sin aportes directos del Estado nacional para financiar las inversiones. El contrato tendrá una duración inicial de 25 años y contempla la posibilidad de una prórroga de hasta cinco años más.
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