La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) advirtió que el sistema de transporte urbano y suburbano del interior del país atraviesa una crisis que pone en riesgo la continuidad de los servicios. La entidad sostuvo que, si no se adoptan medidas urgentes en las próximas 72 horas, podrían registrarse restricciones o cancelaciones de recorridos a partir del lunes 22 de junio.
Según expuso la organización empresaria, el sector enfrenta un escenario marcado por el incremento permanente de los costos operativos, tarifas consideradas insuficientes, aumentos en combustibles e insumos, falta de renovación de unidades y retrasos en el pago de fondos y compensaciones por parte del Estado nacional y de algunas provincias.
Desde FATAP señalaron que la situación llegó a un punto crítico y remarcaron que el objetivo es evitar perjuicios para los usuarios, aunque advirtieron que las empresas tienen cada vez menos margen para sostener las prestaciones. El reclamo está dirigido a las autoridades nacionales y provinciales para que regularicen los pagos adeudados durante 2026.
La federación indicó que el deterioro del sistema también tuvo impacto en el empleo. De acuerdo con sus estimaciones, entre 2024 y 2026 se perdieron entre 9.000 y 11.000 puestos de trabajo vinculados al transporte automotor de pasajeros en el interior del país.
A este panorama se suma el conflicto salarial. Mientras la Unión Tranviarios Automotor (UTA) reclama una recomposición de haberes, numerosas empresas aseguran que enfrentan dificultades para afrontar el pago del medio aguinaldo. Algunas firmas incluso evalúan abonarlo de manera desdoblada debido a la falta de recursos.
Otro de los puntos señalados por FATAP es el atraso en la transferencia de fondos destinados a cubrir beneficios para distintos grupos sociales, entre ellos jubilados, beneficiarios de programas educativos, amas de casa y veteranos de guerra que utilizan la tarjeta SUBE con descuentos. Según la entidad, las compañías están financiando con recursos propios esos beneficios establecidos por políticas públicas.
La organización advirtió además que la falta de inversiones y la prolongación de la vida útil de los vehículos repercuten en la calidad de las prestaciones. En ese contexto, insistió en la necesidad de implementar soluciones de fondo que permitan garantizar la sustentabilidad del sistema.
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