A fines de mayo del 2025, desde el entorno de Manuel Adorni se jactaban de haber sido los únicos en ganarle a un oficialismo en las elecciones legislativas, luego de que venciera al PRO en la Ciudad de Buenos Aires.
Poco más de un año después, el funcionario podría sumar una nueva cucarda al transformarse en el primer jefe de Gabinete en quedar expuesto a una moción de censura, incorporada a la Constitución Nacional en la reforma de 1994, a partir de la ofensiva opositora para impulsar su tratamiento en el Congreso.
Si bien existen distintas interpretaciones sobre el alcance del artículo 101 de la Constitución Nacional, cuatro abogados constitucionalistas consultados por Infobae explicaron el mecanismo previsto para una eventual remoción del jefe de Gabinete.
Entre los puntos en discusión aparece la posibilidad de que el presidente Javier Milei vuelva a designarlo en el cargo en caso de que el Congreso avance con su destitución, una facultad que, según la Secretaría Parlamentaria, se encuentra contemplada por la normativa vigente.
Lo cierto es que el procedimiento es extenso y requiere de la sanción de la Cámara de Diputados y de la de Senadores para su concreción.
Según precisaron especialistas a este medio, el primer paso consiste en la aprobación del pedido de interpelación que habilita posteriormente el tratamiento de la moción de censura. Para eso, cualquiera de las dos cámaras debe aprobar por mayoría absoluta la solicitud.
Aprobado el pedido, el funcionario debe concurrir al Congreso, y se habilita una segunda instancia, la de ejecución, en la que se da tratamiento a la moción de censura propiamente dicha. Tanto el Senado como Diputados deben votar favorablemente la moción por mayoría absoluta de la totalidad de los miembros, lo que daría lugar a la remoción inmediata del funcionario.
Con la firma de varios diputados, la oposición convocó a una sesión especial en Diputados para el martes 23 de junio que incluirá en su temario seis pedidos de interpelación. En paralelo, el Partido Justicialista apura una sesión única en la Cámara Alta para interpelar a Adorni y votar su destitución.
Al respecto, el legislador del Partido Socialista Esteban Paulón denunció que el ministro coordinador “le mintió al Congreso”, y sostuvo que “entró en una serie de contradicciones que hacen muy difícil la continuidad de su rol”.
“El Jefe de Gabinete es el funcionario que hace de nexo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y para llevar adelante esa tarea se necesita que haya un vínculo de confianza. Cuando viene a una sesión informativa a brindar informe de gestión, miente abiertamente y semanas después lo reconoce en televisión nacional. “No hay esa tal confianza del parlamento para con el Jefe de Gabinete por eso está prevista la moción”, completó ante Infobae.
Por su parte, el jefe de bloque de Unión por la Patria, el diputado Germán Martínez, quien presentó el primer proyecto de moción de censura contra el ministro coordinador, argumentó: “Hace 100 días que el gobierno está enredado en esta novela del jefe de Gabinete. Vino al Congreso y todo lo que dijo fue desmentido por sus acciones anteriores. Le mintió al Congreso, la prensa y a los 47 millones de argentinos”.
“El día que fue al Congreso dijimos que íbamos a insistir en el mecanismo que es el que establece la Constitución. No es un capricho ni un arrebato: que venga a dar explicaciones y para eso debe ser interpelado. Los aspectos penales deberá dilucidarlo la justicia. Desde el punto de vista político, Adorni no cuenta con la confianza del pueblo argentino y mucho menos de la Cámara de Diputados y del Senado”, desarrolló además el diputado ante este medio.
Con conocimiento del procedimiento, el oficialismo anunció la asistencia de Adorni en la Cámara de Senadores con motivo del informe de gestión que brindará a principios del mes de julio. “La moción no debería suceder porque Manuel va a presentarse al Senado a dar el Informe de Gestión de Gobierno como corresponde al Jefe de Gabinete”, contrapuso un integrante de la mesa política.
Distintos abogados constitucionalistas explicaron el alcance de la moción y coincidieron en que se trata de “una herramienta de control parlamentario con efectos limitados”.
“Es una forma de control parlamentario. Se lo evalúa políticamente y se exige su remoción. Se activa cuando hay crisis política, pero es un procedimiento larguísimo”, explicó Daniel Sabsay, quien habló de una moción “fragmentada” debido a las facultades del Presidente de restituirlo en el cargo en caso de que el Poder Legislativo avance en el corrimiento del funcionario.
No obstante, Sabsay aclaró que la habilitación de la interpelación contra Adorni tiene “un costo político alto”, más allá de si el Congreso concreta o no su remoción.
Por su parte, el abogado especialista en derecho constitucional Félix Lonigro expuso los límites de la misma al sostener que el artículo tiene inconsistencias que dan lugar a diversas interpretaciones. “Es un mamarracho. El jefe de Gabinete es un cadete de lujo. Un rol burocratizado y el artículo está muy mal redactado”, expresó, y agregó: “Se va a ir haciendo camino al andar porque nunca se utilizó”.
Pese a las coincidencias en el procedimiento, hay algunas discrepancias en torno a la facultad del Presidente en caso de querer volver a nombrar al ministro coordinador.
El abogado constitucionalista Gustavo Ferreyra planteó que restituirlo nuevamente durante la misma gestión implicaría una “causal de destitución” por “mal desempeño” en el marco de un juicio político.
“La decisión del parlamentaria, en caso de que el Congreso logre su remoción, comporta el ejercicio de una competencia constitucional exclusiva, motivo por el cual, volver a designar al funcionario removido alteraría las bases propias del control ejercido y su desnaturalización”, argumentó.
En la misma línea se expresó Andrés Gil Domínguez, quien abona a la interpretación que establece que la designación no puede volver a darse hasta que no cambie la composición del Congreso o mientras dure el mandato del Presidente dado que supone “una pérdida de confianza del Congreso irreversible”.
En una tercera postura, Lonigro opinó que si bien no está contemplado en el artículo, el mandatario no debería contar con la potestad de volver designar al funcionario. “No hay nada escrito por eso la moción es variable a la interpretación. Aún cuando no está escrito, se debe aplicar la posibilidad de inhabilitarlo”, enfatizó Lonigro.
FUENTE: infobae.com
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