La decisión del Gobierno nacional de habilitar que la Verificación Técnica Vehicular pueda realizarse en talleres mecánicos privados abrió un intenso debate sobre el futuro del sistema de control automotor en Argentina. Mientras la administración nacional sostiene que la medida permitirá ampliar la oferta, simplificar trámites y fomentar la competencia, referentes vinculados a la actividad advierten que el verdadero desafío será garantizar estándares uniformes de calidad y fiscalización.
La reforma, instrumentada mediante la Resolución 32/2026, creó el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos y habilitó la posibilidad de que establecimientos privados, concesionarias e importadores puedan realizar verificaciones técnicas siempre que acrediten capacidad técnica suficiente y cumplan con los requisitos establecidos. Sin embargo, desde el sector surgen interrogantes sobre la capacidad de control que tendrá el Estado frente a una eventual multiplicación de prestadores.
Luis Sperber, jefe de planta de la VTV de Eldorado, reconoció que recibió el anuncio con preocupación. Según explicó, la normativa nacional establece requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento, pero deja abiertas varias cuestiones vinculadas a la implementación práctica y a los mecanismos de supervisión.
“La normativa aprobada es bastante laxa en varios aspectos y deja abiertas cuestiones clave sobre su implementación práctica”, sostuvo para plasmar su incertidumbre.
El ingeniero señaló que actualmente los centros de verificación son sometidos a auditorías periódicas que incluyen controles documentales, revisión de equipamiento y seguimiento de los procedimientos aplicados. A su entender, si aumenta considerablemente la cantidad de talleres habilitados, resultará complejo mantener el mismo nivel de fiscalización.
“El sistema se mide por su eslabón más débil”, afirmó, al advertir que una expansión acelerada podría dificultar la tarea de los organismos encargados de supervisar el cumplimiento de las exigencias técnicas.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la posibilidad de que un mismo establecimiento repare vehículos y al mismo tiempo certifique su aptitud para circular. Para Sperber, esa situación plantea un conflicto de intereses que puede afectar la objetividad de las evaluaciones. “Quien realiza el trabajo no debería ser quien lo certifica”, remarcó.
En esa línea, recordó que la normativa vigente en Misiones prohíbe expresamente que los centros de verificación efectúen reparaciones, comercialicen repuestos o vendan vehículos, precisamente para preservar la independencia de criterio.
Las dudas sobre la capacidad de fiscalización también fueron planteadas por Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, quien consideró que el éxito de la reforma dependerá menos de la cantidad de talleres habilitados y más de la calidad de los controles posteriores.
“En el decreto está fijado un estándar de calidad. Ahora, ¿cuál es el ente de verificación de todo eso y con qué asiduidad se van a hacer esos controles?”, cuestionó durante una entrevista con la FM 89.3 Santa María de las Misiones.
El especialista sostuvo que la competencia puede generar beneficios para los usuarios, especialmente en materia de accesibilidad y costos, aunque aclaró que ello no implica necesariamente una mejora en la calidad del servicio “porque se va a competir por precio y no por calidad”, señaló.
Ambos referentes coinciden en que uno de los riesgos es que la revisión técnica termine transformándose en un servicio comercial donde el objetivo principal sea captar clientes.
Al respecto, Sperber advirtió que puede producirse una especie de “competencia hacia abajo”, en la que los conductores busquen los establecimientos menos exigentes para aprobar la inspección.
Por su parte, Pons expresó una preocupación similar al señalar que muchos usuarios priorizarán el costo o la rapidez del trámite antes que el rigor de los controles.
“Lo que va a jugar es quién me cobra más barato”, afirmó, resaltando que, más allá de la discusión técnica, la aplicación efectiva de la medida dependerá de las decisiones que adopten las provincias.
Tanto Sperber como Pons remarcaron que la revisión de vehículos particulares no es una competencia exclusiva de la Nación y que cada jurisdicción deberá definir si adhiere o no al nuevo esquema.
En el caso de Misiones, el impacto inmediato es nulo. La Provincia mantiene su propia regulación y, mientras no exista una adhesión formal a la normativa nacional, los actuales centros continuarán funcionando bajo las reglas vigentes.
Eslabón débil
Referentes del sector sostienen que la seguridad vial dependerá de la capacidad real de fiscalización: si se multiplican los talleres habilitados, el sistema puede fallar por su punto menos exigente.
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