Referentes del sector yerbatero misionero expusieron en la Cámara de Diputados de la Nación el impacto que, según sostienen, generaron los cambios impulsados por el Gobierno nacional sobre el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate. La presentación se dio en el marco de una reunión de la Comisión de Economías Regionales, donde insistieron en la necesidad de restituir las facultades regulatorias del organismo y avanzar en definiciones políticas que acompañen el reclamo judicial ya iniciado.
El abogado José Federico Padolsky explicó en FM de las Misiones que la presencia en Buenos Aires respondió a una invitación de la Confederación General de la Producción y permitió exponer ante legisladores la situación que atraviesa la actividad. En ese contexto, señaló “hemos participado de esta reunión, le hemos expuesto al diputado cuáles son las problemáticas del sector”, y agregó que el objetivo es “trabajar para ver cómo salimos de este embrollo”.
El eje central del planteo continúa siendo la disputa judicial por la inconstitucionalidad del capítulo yerbatero del DNU 70/2023. Padolsky sostuvo que la normativa implicó una modificación de hecho de la ley original del INYM, al quitarle herramientas regulatorias clave.
“Se ha hecho una modificación de hecho o de facto de la ley original del INYM, sacándole todas las facultades regulatorias que tenía”, afirmó, al tiempo que advirtió que el organismo dejó de garantizar la sustentabilidad de toda la cadena para beneficiar a sectores concentrados.
En relación al avance de la causa, el letrado detalló que el trámite se encuentra momentáneamente trabado por una discusión de competencia judicial. Explicó que el Juzgado Federal de Posadas se declaró incompetente y derivó el expediente a otras jurisdicciones, decisión que fue apelada por los demandantes.
“Entendimos que la competencia era el juzgado federal de Posadas”, remarcó, y sostuvo que ese tribunal debía intervenir por antecedentes previos vinculados al mismo tema.
Además del frente judicial, los productores buscan respaldo político en el Congreso. Padolsky consideró que la vía legislativa sería clave para revertir el escenario actual, aunque reconoció dificultades. “Lo que correspondería es que la Cámara de Diputados rechace el DNU como ya lo hizo el Senado”, indicó, aunque admitió que no están dadas las condiciones para que eso ocurra en el corto plazo.
Desde el sector productivo, las críticas apuntan directamente a las consecuencias de la desregulación. Jorge Skripczuk señaló que la situación actual contrasta fuertemente con la de años anteriores. “Hoy lamentablemente tenemos que decir que la cantidad de productores afectados con esta desregulación es inmensa”, expresó, tras recordar que el INYM había funcionado como una herramienta clave para sostener la actividad.
En la misma línea, el productor Jorge Lizzneinz describió el deterioro económico que atraviesan las chacras.
“El productor hoy está a la deriva”, afirmó, y advirtió que algunos colonos comenzaron a desprenderse de sus tierras ante la caída de precios. También cuestionó la concentración del mercado al señalar que “quedamos a mano de tres, cuatro empresas que apretaron hacia abajo”.
El reclamo también encontró eco en el ámbito legislativo. El diputado nacional Luis Basterra, presidente de la Comisión de Economías Regionales, consideró que las modificaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo afectan la sostenibilidad del sistema productivo.
“Van en detrimento de la sostenibilidad de sistemas productivos que incluyen a la familia agraria misionera”, sostuvo, y alertó sobre un proceso de concentración que perjudica el desarrollo territorial.
Basterra planteó además la necesidad de fortalecer el rol del Congreso frente a este tipo de medidas. “Hay que seguir trabajando para lograr adhesiones y frenar el uso abusivo de decretos”, indicó, al tiempo que remarcó que las leyes requieren consensos amplios y representan el interés general, en contraste con decisiones unilaterales.
