Por tercera vez en lo que va del año, personas con discapacidades, sus familias, profesionales y centros prestadores de servicios se movilizaron en Posadas y en distintos puntos del país para visibilizar lo que definen como un abandono por parte del Gobierno nacional. El reclamo apunta tanto al retraso en los pagos como al desfasaje de los aranceles frente a la inflación, pero también suma una preocupación creciente por el proyecto oficial que propone modificar el régimen vigente.
La concentración principal en la capital misionera tuvo lugar en la plaza 9 de Julio, desde donde marcharon hacia el Palacio Legislativo. Allí, el nutrido grupo expresó su rechazo a la desregulación del nomenclador único, herramienta que actualmente garantiza cierta equidad en las prestaciones.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, la trabajadora social Marita Peralta explicó que uno de los puntos más sensibles es la flexibilización de ese esquema, ya que permitiría que cada obra social fije valores y seleccione prestadores. Advirtió que esa lógica puede dejar a muchos usuarios sin cobertura efectiva, dado que si no hay acuerdo económico entre las partes, el servicio directamente no se brinda. Según señaló, esa situación ya ocurre en el sistema general de salud y podría replicarse en discapacidad.
La profesional también describió un escenario crítico en términos financieros, al sostener que ninguna obra social está al día con los pagos. Indicó que el retraso promedio supera los seis meses, lo que vuelve muy difícil sostener la atención. Aun así, remarcó que instituciones como el CENEMI continúan funcionando gracias a esfuerzos internos, muchas veces cubriendo déficits con recursos propios o endeudamiento.
El impacto de esta situación se refleja directamente en las familias. Mirta Beck, madre de una joven con discapacidad, expresó que el sector atraviesa un momento inédito por su gravedad. Señaló que, si bien siempre existieron dificultades, actualmente se sienten sin respuestas y cada vez más acorralados. Relató que hay chicos que no acceden a insumos básicos como leche o pañales, mientras crece la sensación de desigualdad frente a la dirigencia política.
En la misma línea, Carmen Ecónomo contó que su hijo apenas pudo asistir a actividades durante el año debido a la crisis que atraviesan los prestadores. Explicó que la falta de pagos hace inviable sostener los servicios y alertó que la situación podría empeorar si avanzan las modificaciones legislativas.
La voz de los propios usuarios también estuvo presente en la movilización. Alcira Velázquez, alumna del Centro Especial Misiones, reclamó por la continuidad de las clases y el transporte. Expresó la necesidad de que se regularicen los pagos para garantizar tanto a los docentes como a los servicios que permiten la asistencia diaria.
En paralelo al reclamo en las calles, desde el Consejo Provincial de Discapacidad encendieron señales de alarma sobre el proyecto que ya ingresó al Senado. Su presidenta, Tatiana Antúnez, consideró que se trata de una medida riesgosa que podría afectar a todo el sistema de prestaciones.
Según explicó en FM 89.3, la eliminación del nomenclador único implicaría un fuerte desorden, ya que obligaría a cada prestador a negociar individualmente con obras sociales o prepagas. Advirtió que ese escenario generaría desigualdad y precarización laboral, además de abrir una brecha entre quienes puedan acceder a mejores coberturas y quienes queden relegados a servicios de menor calidad.
Antúnez sostuvo que el impacto no sería solo estructural, sino también directo en la vida cotidiana de las personas con discapacidad. Recordó que actualmente el Certificado Único de Discapacidad garantiza cobertura integral, pero alertó que la desregulación podría debilitar ese marco de protección. Remarcó que no se trata de prestaciones estándar, sino de necesidades específicas que no pueden quedar sujetas a la lógica del mercado.
Otro de los puntos cuestionados es la posibilidad de suspender pensiones no contributivas a partir de un reempadronamiento obligatorio. Señaló que ya existen antecedentes de personas que perdieron ese beneficio sin notificación adecuada, por lo que formalizar ese mecanismo podría dejar a muchos sin ingresos por cuestiones administrativas o falta de acceso a la información, especialmente en zonas rurales.
También advirtió sobre cambios en los criterios vinculados al empleo, que volverían más restrictivo el acceso a pensiones. Explicó que la discapacidad no implica necesariamente imposibilidad de trabajar, pero sí requiere acompañamiento estatal, algo que este proyecto pondría en discusión.
Para la funcionaria, el trasfondo de estas iniciativas marca un cambio de paradigma, con un corrimiento desde un modelo basado en derechos hacia otro más desregulado. En ese contexto, cuestionó además la falta de información sobre el uso de fondos específicos del área, como el Fondo Nacional de Discapacidad, que hasta el momento no registró convocatorias en lo que va del año.
