El máximo representante diplomático de Irán en el país, el encargado de negocios Mohsen Soltani Tehrani, abandonó la Argentina este sábado tras cumplirse el plazo de 48 horas otorgado por el Gobierno nacional luego de ser declarado persona “non grata”.
La medida, que marca un quiebre histórico y posiciona a la administración de Javier Milei en una confrontación directa con el régimen de Teherán, fue confirmada por el canciller Pablo Quirno a través de sus redes sociales.
“En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno, el exencargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional”, informó el funcionario, ratificando así el desplazamiento del diplomático que encabezaba la delegación desde 2021.
La drástica decisión del Poder Ejecutivo se desencadenó el pasado jueves, momentos después de que la embajada iraní en Uruguay difundiera un texto con duras críticas hacia la Casa Rosada por la designación de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto explicaron que la expulsión respondió a expresiones que contienen “acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades”.
Según el comunicado oficial de la Cancillería, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, las manifestaciones del régimen persa “constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional”.
Este escenario de tensión extrema se enmarca en la alineación geopolítica del presidente Milei con Estados Unidos e Israel, países que se encuentran en conflicto bélico con Irán desde fines de febrero. Para el Gobierno, la salida de Tehrani representa el “paso previo” a una ruptura total de las relaciones diplomáticas con un Estado que, según la mirada oficial, es responsable de los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA.
En ese sentido, la reciente incorporación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) al registro de entidades vinculadas al terrorismo implica no solo una condena política, sino también el congelamiento de activos y la prohibición de operar en el sistema financiero local.
Por su parte, el régimen islámico advirtió que esta postura del gobierno argentino “perjudica seriamente las relaciones bilaterales” y calificó la medida como un “error estratégico y un insulto injustificable al pueblo iraní”. En sus críticas, Teherán sostuvo que tanto Milei como el canciller Quirno “se convirtieron en cómplices de los crímenes cometidos” por sus aliados internacionales.
Pese a las advertencias, la Argentina profundizó su estrategia al recordar que figuras clave de la Guardia Revolucionaria, como Ahmad Vahidi, poseen pedidos de captura internacional de Interpol por su participación en el ataque a la mutual judía de 1994, consolidando así un distanciamiento que hoy parece irreversible.
