El juez en lo penal económico Diego Amarante le negó este miércoles al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, la salida del país, en el marco de la causa contra esa entidad por retención indebida de aportes.
El dirigente había solicitado a la Justicia ausentarse del país por un período de 60 días, cuando faltan 78 días para el comienzo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.
En la resolución, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el magistrado consideró que “la imprecisión de los motivos alegados, sumada a la falta de actualidad de la documentación y los antecedentes de conducta reseñados, impiden realizar el examen de proporcionalidad necesario para flexibilizar la medida vigente”.
“No obsta a lo expuesto que este tribunal haya otorgado autorizaciones de mayor extensión en otros legajos, toda vez que dicha facultad se encuentra supeditada a una valoración integral y casuística de cada supuesto particular, extremo que en el presente caso no se verifica con la solidez necesaria para acceder a lo peticionado”, añadió.
Otra causa
En tanto, la Justicia había allanado el 20 de marzo la sede de la AFA de la calle Viamonte y en Ezeiza por otra causa en la que se investiga la mansión en Pilar y el presunto manejo de fondos por parte del empresario Javier Faroni a través de la compañía TourProdEnter.
El procedimiento lo ordenó el juez federal de Campana Adrián González Charvay y fue ejecutado por la Prefectura Naval en busca documentación de las operaciones entre la empresa de Faroni y la AFA.
González Charvay investiga el manejo del dinero por parte del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, a quien se le adjudica la propiedad en ubicada en el municipio de la Zona Norte del conurbano bonaerense.
El Gobierno había dispuesto esa misma semana una intervención en grado de veeduría sobre la AFA por 180 días con el objetivo de relevar documentación, revisar balances, contratos y operaciones financieras.
Esa decisión fue adoptada por el Ministerio de Justicia tras un pedido previo de la Inspección General de Justicia (IGJ), que venía reclamando información contable y administrativa.
