El Gobierno nacional dio un paso decisivo en su agenda de desregulación económica. La Resolución 263/2026 de la Secretaría de Turismo y Ambiente establece un nuevo paradigma para la Licencia para Configuración Ambiental (LCA), en una reforma que apunta a reducir costos y simplificar trámites, al permitir que modelos certificados en el exterior puedan ser aprobados en el país sin necesidad de repetir ensayos técnicos locales.
La medida establece que Argentina aceptará homologaciones internacionales como válidas para otorgar la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) el “documento de identidad” ecológico que todo vehículo debe tener para circular en Argentina
Cambio central
El eje de la resolución es la creación de un sistema de “validación de homologación”, que habilita a fabricantes e importadores a tramitar la aprobación ambiental de vehículos mediante certificaciones ya emitidas en otros países.
De este modo, se podrán reconocer estándares internacionales -como los de Naciones Unidas, Estados Unidos o Brasil- y emitir constancias locales equivalentes, sin exigir la repetición de pruebas de emisiones, ruidos o eficiencia energética.
Estas constancias, tanto para homologaciones extranjeras como locales, formalizan que el vehículo cumple con los requisitos ambientales exigidos en el país, siempre que mantenga las condiciones originales de certificación.
Menos trámites y gestión digital
El nuevo esquema también profundiza la digitalización del sistema: todos los procedimientos se canalizarán a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), con formularios estandarizados y validación técnica remota .
El objetivo oficial es agilizar procesos, reducir tiempos administrativos y evitar duplicación de controles, en línea con la política de simplificación regulatoria del Gobierno.
Importaciones individuales, con límites
Otro punto relevante es que la norma habilita la importación de vehículos por parte de particulares, siempre que cumplan con las condiciones ambientales.
El esquema establece:
- Un vehículo por persona por año
- Prohibición de venta durante dos años desde su nacionalización
Además, en caso de no contar con homologación previa, se podrá recurrir a un Certificado de Seguridad Vehicular acompañado de etiquetado ambiental.
Sistema dual y control posterior
La resolución no elimina el sistema tradicional. Los fabricantes podrán seguir optando por:
- Homologación completa con ensayos locales, o
- Validación simplificada basada en certificaciones externas
A su vez, el Estado mantiene herramientas de control, como auditorías, fiscalización de producción y verificación de emisiones, para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
El esquema incorpora además un cuadro de aranceles medidos en Unidades Retributivas (UR), que se actualizarán automáticamente, lo que introduce previsibilidad pero también ajustes periódicos en línea con la evolución de esos valores.
Un cambio de lógica regulatoria
Más allá de la simplificación administrativa, la medida implica un giro en el rol del Estado: de un sistema centrado en el control previo mediante ensayos propios, a uno basado en la validación de certificaciones externas.
El objetivo declarado es reducir costos, facilitar el comercio y acelerar la disponibilidad de nuevos modelos en el mercado, aunque el esquema también implica una mayor dependencia de estándares internacionales y organismos de certificación extranjeros.
