El Gobierno nacional puso en marcha el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido, una nueva estrategia destinada a enfrentar el crecimiento de las estafas virtuales y otros delitos informáticos que afectan a usuarios, empresas y organismos públicos en todo el país.
La medida fue formalizada a través de la Resolución 231/2026 del Ministerio de Seguridad, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
El plan estará bajo la órbita de la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, dependiente de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad. Este organismo será el encargado de coordinar y ejecutar las acciones necesarias para que la política pública tenga implementación transversal en todas las áreas involucradas, con especial foco en la prevención, detección temprana y respuesta ante incidentes.
La resolución instruye tanto a las áreas con competencia en ciberdelito del Ministerio como a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a participar activamente y colaborar en la puesta en marcha del plan. El objetivo es articular recursos, capacidades técnicas y flujo de información para enfrentar de manera más efectiva las estafas realizadas mediante canales digitales, como phishing, suplantación de identidad, fraudes bancarios en línea y engaños a través de redes sociales o plataformas de mensajería.
Prevención, educación y trabajo coordinado
El nuevo esquema se complementa con otras iniciativas oficiales ya vigentes, como el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad y el Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Ciberdelito (ForCIC). En conjunto, estas herramientas apuntan a mejorar la capacidad del Estado para prevenir ataques, asistir a las víctimas y fortalecer la investigación criminal en el entorno digital.
El Ministerio de Seguridad convocó además a las provincias y municipios a adherir a la propuesta, con el fin de consolidar una red de colaboración interinstitucional que incluya a autoridades locales, fuerzas federales y organismos internacionales especializados. La meta es contar con un ciberespacio más seguro, confiable y resiliente, en un contexto en el que las estafas digitales se multiplican y ganan sofisticación.
- Campañas de concientización y educación para la ciudadanía sobre prácticas seguras en Internet y canales de denuncia.
- Desarrollo y actualización de marcos normativos vinculados al ciberdelito y su investigación.
- Vinculación con organismos reguladores de los sectores financiero, de telecomunicaciones y servicios digitales.
- Detección temprana y anticipación de fraudes masivos, incluidos esquemas piramidales y estafas de inversión.
- Fortalecimiento de los sistemas de recepción de denuncias y análisis estadístico de los incidentes reportados.
- Implementación de procesos de detección proactiva del fraude ciberasistido mediante herramientas tecnológicas.
En un escenario en el que cada vez más operaciones cotidianas —como pagos, trámites, compras y comunicaciones— se realizan en forma digital, el Gobierno apuesta a consolidar una política federal de ciberseguridad. La expectativa oficial es que, con mayor articulación entre jurisdicciones y campañas sostenidas de educación digital, se reduzca el impacto de las estafas online y se fortalezca la capacidad de respuesta del sistema de seguridad frente a los ciberdelitos.
