El Ministerio de Capital Humano dispuso una actualización en el monto de la ayuda económica mensual que perciben los beneficiarios del Programa de Asistencia a los Trabajadores de los Talleres Protegidos, destinado a personas con discapacidad que se desempeñan en estos espacios laborales, a partir del 1° de enero de 2026.
La Resolución 213/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, establece que la asignación alcanzará los $143.890 por mes, en concepto de monto no remunerativo, y responde a la necesidad de adecuar el beneficio legalmente previsto a las variaciones del salario mínimo.
El reajuste se plasma en la modificación del artículo 19 del reglamento del Programa de Asistencia a los Trabajadores de los Talleres Protegidos de Producción, instrumento que regula el esquema de apoyo estatal vigente desde 2006. Esta medida busca mantener el equilibrio entre el respaldo económico y la evolución de los salarios en el mercado formal, garantizando la continuidad de la asistencia para quienes desarrollan tareas en los talleres protegidos.
La resolución instruye al Servicio Administrativo Financiero a efectivizar el nuevo monto desde el inicio de 2026, asegurando que los beneficiarios reciban el incremento en tiempo y forma. El ajuste se fundamenta en lo que ordena la Ley N° 26.816, que asigna a estos trabajadores una retribución equivalente al 40% del salario mínimo, vital y móvil.
El Programa de Asistencia a los Trabajadores de los Talleres Protegidos de Producción fue creado por la Resolución N° 937/2006 del entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el propósito de facilitar la integración laboral y el desarrollo de competencias de personas con discapacidad.
La normativa establece que la asignación mensual estímulo corresponde exclusivamente a quienes cumplen tareas bajo la modalidad de Taller Protegido Especial para el Empleo (TPEE), que prioriza la inclusión y la formación laboral de los participantes, con vistas a su inserción en el mercado de trabajo competitivo.
El esquema de asistencia no solo contempla la ayuda directa a los trabajadores con discapacidad, sino que también prevé asistencia económica a las instituciones responsables de los talleres. Estas entidades pueden acceder a recursos para desarrollar acciones orientadas a potenciar las competencias laborales de su plantel, realizar exámenes preocupacionales y financiar la cobertura de riesgos del trabajo para sus integrantes.
Según la información oficial, el objetivo es sostener y mejorar las condiciones de empleabilidad de los beneficiarios, facilitando su desarrollo profesional y la posibilidad de acceder a empleos fuera del ámbito protegido. El programa, desde su creación, ha sido uno de los principales instrumentos de política pública destinada a la inclusión laboral de personas con discapacidad.
Fuente: medios digitales.
