Un polémico expediente del Ministerio de Defensa generó cuestionamientos luego de que se conociera una permuta realizada por la Fuerza Aérea Argentina, mediante la cual se entregó un lote de vehículos, embarcaciones y generadores a cambio de un conjunto de herramientas cuyo elemento principal son motoguadañas. Según estimaciones basadas en precios de mercado, el Estado habría sufrido una pérdida de entre 10 y 12 millones de pesos.
La operación se concretó a través de la III Brigada Aérea con asiento en Reconquista, bajo la figura de la Contratación Directa N° 40/19-0103-CDI25. El trámite se realizó dentro de la órbita del Ministerio de Defensa que conduce Carlos Alberto Presti, durante la gestión del presidente Javier Milei. La contraparte privada de la operación fue el empresario Miguel Ángel Barolín.
Entre los bienes entregados por el Estado figuran un ómnibus Mercedes-Benz OH 1115, un camión volcador Mercedes-Benz 1514, dos utilitarios Renault Trafic, una pickup Chevrolet Cheyenne, un autoelevador Clark, un bote neumático Zodiac con motor Johnson de 55 HP, la embarcación “Antártida-05” con motor Johnson de 115 HP, un grupo electrógeno Deutz de 40 kVA y dos generadores GM 567. Todo el lote fue entregado como “rezago”, es decir, en el estado en que se encontraba.
A cambio, el Estado recibió un paquete de herramientas que incluye cuatro motoguadañas STIHL FS 221, un rotomartillo Makita HR5212C, una hidrolavadora de 154 bar, un taladro percutor Makita HP1640, un atornillador eléctrico, una amoladora de 230 mm, una hormigonera de 150 litros, juegos de llaves y destornilladores, además de tres impresoras Brother HL‑1212W.
De acuerdo con cálculos realizados a partir de cotizaciones del mercado local, el valor total de los bienes recibidos rondaría los $9,39 millones. En cambio, incluso tomando un valor de rescate conservador para los bienes entregados -considerando chatarra, cobre recuperable y valores de referencia para vehículos y embarcaciones- el lote estatal se ubicaría entre $19,5 y $21,9 millones.
La diferencia arrojaría una pérdida estimada para el Estado de entre $10,1 y $12,5 millones. Por esa razón, el caso comenzó a ser mencionado en ámbitos políticos y mediáticos con el apodo “Don Chatarrín”, en alusión irónica a un término que el propio Milei utilizó en el pasado para referirse a disputas con empresarios. La operación volvió a abrir el debate sobre los mecanismos de venta o permuta de bienes en desuso dentro de la administración pública.
Fuente: Agencia de Noticias NA
