Posadas se encuentra atravesando una situación de creciente malestar social debido a una serie de irregularidades detectadas en la facturación del servicio de agua potable. En los últimos días, un numeroso grupo de vecinos de distintos barrios de la capital misionera decidió formalizar un reclamo colectivo ante el Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (EPRAC).
La medida surge como respuesta a la recepción de boletas emitidas por la empresa Servicios de Aguas de Misiones S.A. (Samsa) que presentan incrementos desmedidos, llegando en algunos casos a cuadruplicar los montos de los consumos históricos sin que exista una justificación técnica o un cambio en el uso del recurso por parte de los hogares.
Incrementos injustificados y falta de respuestas
Los afectados sostienen que “se encuentran en una situación de vulnerabilidad e indefensión frente a la prestataria”. Según el documento presentado ante las autoridades del control, “se registraron subas que oscilan entre el 100% y el 200%, o incluso porcentajes superiores, en domicilios donde no se detectaron fugas internas ni modificaciones en la dinámica familiar”. Ante los reclamos particulares realizados directamente a la prestataria, los usuarios manifestaron que “la respuesta fue sistemáticamente evasiva”, alegando una normalidad que “colisiona con la realidad fáctica de los medidores y la capacidad económica de los contribuyentes”.
Al respecto, Gisela Spasiuk, vocera del colectivo de vecinos de Posadas, brindó declaraciones a FM de las Misiones en las que detalló la gravedad de la problemática. La representante explicó que “detectaron múltiples situaciones de ciudadanos a quienes se les facturó un consumo exorbitante que no guarda relación con sus antecedentes de consumo”. En ese sentido, subrayó que “no existen pérdidas de agua y que, en muchos casos, la propia empresa Samsa chequeó que los medidores funcionan correctamente, por lo cual la causa del incremento debe buscarse de forma externa a la responsabilidad del usuario, ya que nada cambió en la dinámica del hogar”.
Rol del ente regulador
En su testimonio, la vocera planteó la sospecha de que el aire en las cañerías esté alterando las mediciones, una falla técnica que, de confirmarse, no debería ser costeada por los vecinos. Spasiuk recalcó que “el sentido común indica que algo está ocurriendo en el sistema de distribución y es por ello que recurrimos al EPRAC, entendiendo que el ente regulador tiene la obligación de velar por los derechos de los usuarios e intervenir ante situaciones de abuso”.
Además, enfatizó que no es un fenómeno aislado, ya que la misma problemática afecta a personas de diferentes barrios de la ciudad de forma simultánea y en los mismos períodos de tiempo.
La nota presentada ante el organismo provincial incluye una fundamentación jurídica que trasciende la Ley de Defensa del Consumidor. Los firmantes apelan al Derecho Humano al Agua y Saneamiento, reconocido internacionalmente por las Naciones Unidas, señalando que el acceso al recurso debe ser asequible. El colectivo advirtió que “las cargas económicas desproporcionadas e injustificadas configuran una violación a este derecho fundamental” y denunció también una falta de transparencia por parte de Samsa que “vulnera el derecho a la información y al trato digno en un contexto de crisis económica y salarios estancados”.
Perspectiva de derechos
Asimismo, el documento incorpora una perspectiva de cuidados al señalar que estas irregularidades afectan de manera diferenciada a los hogares encabezados por mujeres y cuidadoras. “Al ser ellas quienes mayoritariamente gestionan el recurso hídrico y las tareas domésticas, la economía del hogar se ve severamente precarizada por estos cobros que consideran abusivos”, indicó. Ante ello, los vecinos argumentan que “existiría la presunción fundada de que fallas técnicas en el sistema de macromediación están alterando la lectura de los equipos”, transformándose en lo que definieron como “un enriquecimiento sin causa para la empresa prestataria”.
El petitorio entregado al EPRAC exige tres puntos fundamentales para esclarecer la situación de los usuarios afectados. En primer lugar, solicitan una auditoría técnica que consista en realizar inspecciones aleatorias y técnicas de los medidores en las zonas afectadas para verificar el ingreso de aire o anomalías en la presión que alteren el registro. En segundo término, requieren que se ordene la revisión de facturación y la consecuente suspensión de los cobros excedentes hasta tanto se determine fehacientemente el origen de la inconsistencia detectada.
Finalmente, proponen que el ente regulador realice una constatación in situ mediante la presencia de veedores en las oficinas de Samsa o realice una convocatoria pública y abierta para detectar la magnitud de la situación. Los usuarios consideran que “la afluencia constante de personas con idénticos reclamos evidencia un problema sistémico y no casos aislados”. Los vecinos manifestaron “quedar a entera disposición para brindar las pruebas de sus boletas donde se visualizan los consumos históricos frente a los sobredimensionados actuales”.
Los usuarios concluyen su presentación advirtiendo que “es deber del EPRAC salvaguardar los derechos de la ciudadanía frente a las asimetrías de poder del sector empresarial”. Sostienen que “el silencio o la inacción frente a estas pruebas constituye un aval a una conducta presuntamente abusiva que afecta la subsistencia de muchas familias posadeñas”. Mientras se aguarda una resolución, el colectivo vecinal continúa organizándose para visibilizar el impacto económico que estos aumentos representan en sus presupuestos mensuales.
