La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una iniciativa destinada a otorgar amnistía a personas encarceladas por motivos políticos en los últimos años, en una decisión que ha generado expectativas y también inquietudes entre organizaciones de derechos humanos, familiares de detenidos y sectores de la oposición.
Tras aproximadamente dos semanas de negociaciones marcadas por desacuerdos sobre el alcance de la medida, el parlamento dominado por el oficialismo dio luz verde a la iniciativa en su segunda discusión, en una sesión de dos horas que culminó con el respaldo mayoritario de los legisladores.
La ley fue impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en una operación militar en enero pasado, y fue aprobada en un contexto político inédito para el país.
“Ojalá que esta actitud y esta disposición que hemos demostrado sea auspicio para el inicio de un nuevo tiempo político que debe transitar el país”, dijo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea y hermano de la mandataria, tras la votación.
La normativa busca beneficiar a personas procesadas o condenadas por razones políticas en diferentes periodos de crisis desde 1999 hasta 2024, incluidas protestas y conflictos que marcaron la historia venezolana reciente.
Sin embargo, una de las principales dudas es si la amnistía alcanzará a algunos dirigentes opositores prominentes. A la fecha no está claro si la ley incluye a la líder opositora María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz y actualmente exiliada en Estados Unidos, lo que ha generado preocupación entre familiares y organizaciones civiles.
Organizaciones de derechos humanos han señalado que la redacción de la norma podría excluir a quienes, según ciertos artículos, hayan estado implicados en acciones calificadas como “armadas” o violentas, lo que podría dejar fuera a sectores de la oposición.
Liberaciones y críticas
A pesar de la aprobación de la ley, numerosas voces advierten que más de 600 personas siguen encarceladas por motivos políticos, según estimaciones de organizaciones locales, aunque en las últimas semanas se han producido algunas liberaciones que han reducido esa cifra.
La medida se dio en medio de una huelga de hambre de familiares de presos políticos, que instaban a las autoridades a agilizar la liberación de quienes aún permanecen detenidos en distintas prisiones del país.
Grupos de derechos humanos han recibido la aprobación con cautela y críticas, señalando que si bien la ley puede ser una herramienta para liberar a muchos presos, su alcance y aplicación podrían ser limitados y que no incorpora mecanismos amplios de reparación y no repetición para quienes han sufrido detenciones arbitrarias o violaciones de derechos.
Un cambio en la política venezolana
La sanción de la ley constituye una de las decisiones legislativas más significativas desde el cambio abrupto de poder tras la captura de Maduro en enero, y se produce en un momento en que el país afronta tensiones internas profundas, protestas populares y presión internacional para mejorar su historial de derechos humanos.
Mientras algunos sectores ven la medida como un paso hacia la reconciliación política, otros la interpretan como un gesto limitado que responde tanto a exigencias internas como a expectativas externas sin abordar de manera integral la situación de los presos políticos ni garantizar la inclusión de figuras clave del espectro opositor.
Fuente: Agencia de Noticias NA
