El Gobierno presentó este martes la versión de la reforma laboral que se tratará durante el miércoles en el Senado de la Nación. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, realizó una conferencia de prensa y aseguró: “Un gran bloque de distintos partidos políticos, hemos logrado un acuerdo para tratar la primera ley laboral en democracia”.
El debate está previsto que inicie cerca del mediodía del miércoles en la Cámara Alta, donde afuera se espera una importante movilización de diferentes gremios, encabezados por la CGT, como de partidos políticos y movimientos sociales.
En ese marco, Bullrich aseguró que el dictamen final de la reforma que se tratará fue acordado con 44 senadores de partidos como la Unión Cívica Radical, el PRO y diferentes estructuras provinciales: “Venimos a anunciar que logramos un gran acuerdo. El texto tiene 28 modificaciones consensuadas”. “La reforma laboral tiene el aporte de muchos bloques y provincias. Es un dictamen que llegó a buen puerto después de meses de trabajo”, señaló la ex ministra de Seguridad.
En ese sentido, remarcó que uno de los puntos más importantes de cara a la discusión en el recinto es el fin de la industria del juicio que, según la senadora, “ha perjudicado a empresas que han cerrado dejando sin sus puestos de trabajo a miles de trabajadores”. “Este capítulo marca qué puede judicializarse y qué no. Se ha llegado a deformaciones tan grandes, que un juicio de 3 millones de pesos termina en 300 millones de pesos. Hemos establecido una serie de sistemas de protección para que no haya industria del juicio”, explicó.
Además, enfatizó también en el Fondo de Asistencia, este mecanismo que busca ayudar al cumplimiento de las obligaciones y pagos que surjan cuando se termine un contrato de trabajo, y sostuvo que será el “IPC más el 3%”. Y aclaró: “Hemos delimitado qué son los beneficios sociales de un trabajador. Esto es importante para que esto no sea parte de la judicialización. Que ya hemos dicho que es una industria”.
Tire y afloje
A todo esto, durante la mañana de este martes, la mesa política se reunió en la Casa Rosada antes de la apertura del debate en el recinto. Allí estuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el armador Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
Además, como invitado circunstancial, pero cada vez más habitual, se lo vio ingresar al ministro de Economía, Luis Caputo, que se quedó solo una hora y fue el primero en retirarse.
Esto se debe a que el proyecto de Modernización Laboral tiene implicancias en términos fiscales, tanto si el oficialismo quiere mantener o no el controvertido artículo que baja la percepción del impuesto a las Ganancias para las Sociedades, ya que afecta a la recaudación nacional y al giro de fondos a las provincias vía coparticipación.
El encuentro de mesa política duró una hora y 45 minutos. Una fuente que participó del encuentro marcó a Infobae que “no se tomó una determinación sobre qué hacer con Ganancias”.
O al menos es lo que hacen trascender. Otro integrante que estuvo en las oficinas de la Jefatura de Gabinete también se comportó con un fuerte hermetismo.
En el Gobierno aseguran en público y fuera de los micrófonos que están los votos para la media sanción del proyecto en la votación en general. Lo que se está determinando en esta reunión es qué se hará con la reescritura de ciertos capítulos que no tuvieron un consenso con la oposición.
El oficialismo está poniendo en discusión cerca de 20 de los 182 artículos que componen al proyecto libertario. Este lunes, Bullrich se reunió con jefes de bloque de la oposición y ciertos senadores que son determinantes para la aprobación o no de ciertas partes del proyecto.
Habría un acuerdo en general sobre la mayoría de cuestiones técnicas, en las cuales el oficialismo tendría más de 40 votos.
El hermetismo está sobre lo que sucederá con Ganancias. Tal y como está escrito, el artículo no prosperará porque los gobernadores no quieren recibir menos fondos.
Con esa situación como base, el Gobierno tiene para elegir una baja más atenuada en el tiempo o una eliminación rasa de esa normativa.
“Parar igual”
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con Rodolfo Aguiar a la cabeza, convocó a un paro con movilización al Congreso para este miércoles 11 de febrero y advirtió a los gobernadores que apoyen el Proyecto de Modernización Laboral: “Estarán firmando su propia sentencia de muerte”.
Las declaraciones fueron en el marco de una movilización realizada este martes 10 de febrero en Rosario, provincia de Santa Fe, organizada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras.
En esta medida de fuerza el sindicalista aprovechó para exigir a los mandatarios provinciales y sus senadores que rechacen el proyecto de reforma laboral del Gobierno nacional. “Los gobernadores que avalen la reforma laboral estarán firmando su propia sentencia de muerte”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
El sindicalista agregó que los mandatarios provinciales “tienen que dejar de especular y comenzar a defender a los ciudadanos que habitan en cada uno de sus territorios. No pueden malversar el voto popular. Todos los derechos laborales que conocemos están en riesgo de desaparecer”.
“El capítulo fiscal de la reforma laboral daña directamente a las provincias, ya que la reducción de las alícuotas de impuestos, como Ganancias para grandes empresas, tiene un impacto anual de 1,9 billones de pesos menos en las recaudaciones, de los cuales al Gobierno Nacional le corresponden $790.000 millones y al conjunto de provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) $1,12 billones”, destacó ATE en un comunicado.
