El caso en el que se investiga la muerte del joven soldado misionero Rodrigo Gómez (21), quien fue encontrado sin vida en la Quinta de Olivos el 16 de diciembre pasado, tomó un giro este lunes, cuando el Gobierno anunció que el joven había sido víctima de una red de extorsionadores que se valía de aplicaciones de citas para captar a sus víctimas. La banda le habría pedido dinero a cambio de archivar una supuesta causa penal iniciada a raíz de un intercambio de mensajes con una supuesta menor de edad.
El militar habría recibido al menos dos audios en los que lo extorsionaban. En uno de ellos una mujer, a los gritos, con tono indignado y haciéndose pasar por la madre de una supuesta menor de edad, lo acusaba de haberle mandado “cosas” a su hija y le decía que lo iba a denunciar.
El engaño se completaba con otro audio, enviado por un hombre que se hacía pasar por miembro “del servicio de investigaciones contra la pedofilia infantil cibernética y trata de personas”. Con ruido de handys y conversaciones de fondo, como si realmente se tratase de alguien que hablaba desde una comisaría, el supuesto oficial le pedía a su víctima dinero para archivar una causa que una mujer -la madre de la menor- estaba por iniciar.
Según pudo reconstruir la causa, todo iniciaba a partir de un match en una app de citas. De un lado de la pantalla, la víctima. Del otro, tras la falsa foto de una joven que decía ser mayor de edad, se ocultaba una banda operada por presos desde los penales de Olmos y Magdalena. La conversación iniciaba en tono cordial y, eventualmente, el engañado comenzaba a mandar fotos, ilusionado con la posibilidad de una eventual cita. En el caso de Rodrigo, el igual que muchos otros, la ilusión se rompió cuando recibió un mensaje de voz de la supuesta madre de la joven.
“¡Degenerado! ¿Quién te pensás que sos para mandarle eso a mi hija? ¡Ya me estoy yendo a hacerte la denuncia! ¡Ya! ¡Mirá este degenerado las cosas que le está mandando a mi hija! ¡17 años tiene mi hija! ¡Ya me voy a hacerte la denuncia!”, se escuchaba a la mujer en ese primer audio, que era el que habría dado inicio a la estafa.
En un segundo audio, proveniente de otro número, lo que se escuchaba era una voz masculina, que decía ser Matías Nahuel Conti, “subteniente a cargo del servicio de investigaciones contra la pedofilia infantil cibernética y trata de personas”. Conti es una persona real y forma parte de la fuerza policial. Sin embargo, no era el que envió ese mensaje. Los extorsionadores usurparon su identidad para el engaño.
“Mirá, Gómez, en la oficina de enfrente tengo la madre de una menor de edad, radicándome denuncia en tu contra. Si me tomo la molestia de mandarte este audio, es porque te encuentro bastante complicado en la causa que se te está imputando”, sostenía uno de los extorsionadores en el audio al que se filtró a los medios nacionales.
Con léxico policial, en forma tranquila y pausada y mientras de fondo se escuchaba el ruido de un handy, el estafador sostenía que tenía en su poder el celular de la menor conectado a una PC. “Se pudo haber recuperado todo tipo de fotos, archivos y conversaciones borradas de tu parte, lo cual te comprometen un montón”, afirmaba.
A continuación, el extorsionador le pedía al soldado que se hiciera”una ventana horaria” para comunicarse, ya que, de lo contrario, iba a “terminar de escribir la causa y mandarla directamente a la fiscalía que se encuentra de turno”.
A partir de ese momento, Gómez fue sometido a un hostigamiento constante. Recibía mensajes, llamadas y audios cada vez más intimidantes: le advertían que estaba al borde de la detención, que su nombre sería expuesto en redes sociales y medios, y que su carrera militar había terminado.
Así completaban el mecanismo
El análisis de otra grabación, correspondiente a una víctima diferente pero con idéntica modalidad, permitió reconstruir el mecanismo completo. Allí, el falso policía enumeraba delitos como pedofilia, trata de personas y delitos informáticos, mencionaba prisión efectiva y repetía que tenía “todas las pruebas” frente a sí. Luego instalaba la urgencia: “Tengo a la madre en la otra oficina haciendo un quilombo bárbaro. En 24 horas vas a quedar retenido” Si la víctima intentaba defenderse, la interrumpía: “No me tomés el pelo. Tengo el dispositivo en la mano.” Finalmente, ofrecía una supuesta salida: “Yo te puedo sacar limpio de esta, pero va a tener un costo económico.” Y lanzaba la frase central: “¿Para vos cuánto vale tu libertad?”
La exigencia inicial era de 500 mil pesos, luego negociaban, reducían el monto y aceptaban pagos en cuotas, con la condición de transferir el dinero de inmediato a través de billeteras virtuales o cuentas bancarias. “Entrá a tu cuenta y decime con cuánto contás.” Si la cifra era considerada insuficiente, incrementaban la presión: “¿Para vos eso vale tu libertad? Me estás tomando el pelo.”
Simultáneamente, la banda imponía el aislamiento: “Esto queda entre vos y yo. Ningún familiar, ninguna autoridad.” Impedían hablar con terceros, consultar abogados o pedir ayuda. Si alguien preguntaba, la víctima debía mentir: “Decí que necesitás plata para las fiestas.” También surgían amenazas directas: “Si me tomás el pelo, voy a tu casa y te meto en un calabozo.” Todo respondía a un libreto preestablecido.
En el caso de Gómez, la investigación determinó que soportó durante semanas este circuito de hostigamiento: solicitudes de dinero, advertencias, amenazas de exposición pública y cárcel. Vivía pendiente del teléfono, temía perder su trabajo, su reputación y el vínculo con su familia. En su celular quedaron registros de transferencias y mensajes desesperados. En la carta que dejó antes de morir, mencionó el contacto por la aplicación y la presión recibida. Ese documento resultó clave para que la jueza Arroyo Salgado comprendiera que no se trataba de un hecho aislado, sino del desenlace de una extorsión sostenida.
Fuente: Clarín e Infobae.
