El detenido el pasado jueves por la noche por efectivos de la comisaría Decimoséptima por la denuncia de los padres de un niño de 12 años que lo asistía en la venta de plantas en el mercado concentrador del barrio Santa Rita y en la confección y reparación de muebles, a quien habría violado en reiteradas ocasiones durante los últimos dos meses, estuvo en prisión durante seis años desde agosto de 2018, cuando firmó un juicio abreviado en una causa con idénticas circunstancias por la que volvió a ser privado de la libertad.
De acuerdo a este contexto y detalles, el expediente que inició hace 72 horas el juez de Instrucción 7, Miguel Mattos, con el trabajo de varias dependencias de la Policía provincial y especialistas de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas de la Procuraduría General de Misiones (SAIC) se trata de un caso de reincidencia en el delito contra la integridad sexual, cuyo autor cumplió sentencia hace dos años.
La condena mediante el acuerdo de juicio abreviado fue firmada durante la última semana de agosto de 2018 ante el Tribunal Penal 2, conformado entonces por Augusto Gregorio Busse y los camaristas (por entonces del TP-1) subrogantes Martín Errecaborde y Eduardo D’Orsaneo.
Vale recordar, como lo publicó en exclusiva PRIMERA EDICIÓN, que el sospechoso entre 2015 y 2016 profesaba la religión evangélica, era herrero de oficio y había sumado un ayudante de 13 años a su emprendimiento.
En circunstancias idénticas a las que hoy se intentan determinar, después de un tiempo de enseñarle el oficio, lo violó en reiteradas oportunidades y por meses logró mantener el caso en silencio, en base a amenazas y chantajes. Pero su víctima no soportó el calvario y se lo contó a su madre. El niño se acercó un día y le preguntó si podía trabajar con él para ganarse unos pesos y, de paso, aprender la profesión. Después de dos meses, su “patrón” fue más allá: lo violó al menos dos o tres veces por semana, desde mayo de 2015 hasta marzo de 2016.
Desde la primera vez había grabado al menor con un celular en plena pesadilla. La perversidad llegó al amedrentamiento, al decirle que si él contaba a alguien lo que hacían, iba a enseñar las filmaciones a sus amigos.
Los abusos llegaron a su fin cuando el menor le confió a su madre lo que pasaba cuando iba a trabajar a la herrería en el barrio Las Rosas, el mismo lugar allanado el viernes pasado por el juez Mattos y el fiscal de Ciberdelitos, Juan Pablo Espeche, y donde se secuestraron tres celulares, un pendrive y un disco rígido para peritar.
Hace casi diez años también se secuestraron celulares de la vivienda del imputado, a fin de cotejar mensajes, llamadas, fotografías o videos que tuvieran que ver con la causa. Y el resultado fue positivo.
El acusado se abstuvo de declarar ante el Juzgado de Instrucción 1 interviniente. Según se pudo clarificar, compartía la vivienda con su madre y su hijo de 8 años, sobre el que el hombre tenía la custodia, al estar separado de su mujer. En ese sentido, la abuela fue citada a prestar testimonio.
Relató que su hijo y su nieto dormían en la misma habitación y en la misma cama, pero que no sabía nada del caso en el que se involucraba. El cuerpo médico forense se encargó de revisar al menor de 13 años y constató que efectivamente había sido violado.
En la entrevista de Cámara Gesell el menor relató que todo comenzó con tocamientos del imputado, para después empezar a filmarlo en situaciones comprometedoras. Recalcó que debió ceder a los abusos ante la amenaza del victimario de hacer públicas las imágenes.
Dijo también que, por temor a que el barrio se enterara, él no podía escaparse y dejar de ir a la herrería, porque el acusado le dijo: “Si vos no venís más, yo le muestro esto a tus compañeros”. Luego de que el juez interviniente reunió las pruebas suficientes en base a la denuncia presentada por la progenitora, el caso fue elevado a juicio.
Antes de la fecha del debate oral el imputado reconoció haber sido el autor de las violaciones y la responsabilidad penal que le cabía por el hecho.
En un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, se accedió a un juicio abreviado con una pena de seis años de prisión con costas, por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, tres hechos en concurso real”, en base al artículo 119, primero, segundo y tercer párrafo, todo en función al artículo 55 del Código Penal Argentino.
Investigación actual
Las coincidencias de lo sucedido en 2015-16 con la pesquisa actual son sorprendentes. Durante la tarde del viernes en el inmueble de la calle Soria al 4100, casi avenida Santa Cruz, peritos y secretarios de la SAIC secuestraron tres teléfonos celulares (de las marcas TCL, Samsung y Motorola), un pendrive de 32 gigabytes de capacidad y un disco rígido de 500 GB, además de otros elementos considerados relevantes para el esclarecimiento de los hechos.
Todo el material tecnológico fue debidamente ingresado en la cadena de custodia: embalado, rotulado y trasladado a la SAIC para la realización de las pericias técnicas de rigor.
Debajo de la almohada de la habitación del sospechoso y donde se intenta determinar si fue escenario de las violaciones al menor, se dejó constancia del hallazgo de un “payé” armado con una cabeza de ajo que en su interior contenía un papel con el nombre de la víctima.
Como lo adelantó en exclusiva primeraedicion.com.ar el jueves pasado por la noche, la madre del niño denunció los abusos una vez que la víctima rompió el silencio y le relató actos contra su integridad sexual por parte del hombre que le habría ofrecido trabajar acompañándolo en el puesto de ventas de plantas en el mercado concentrador. También fue denunciado el acoso vía redes sociales que el mismo sospechoso habría iniciado antes de los presuntos abusos que se investigan.
