Dirigentes del oficialismo y espacios aliados se reunieron este lunes en Casa Rosada para ordenar la estrategia parlamentaria de cara a las sesiones extraordinarias. El encuentro sirvió para delinear un esquema de trabajo que, si bien mantiene a la reforma laboral como eje central, amplía el temario con iniciativas de alto impacto político.
Entre ellas, comenzó a ganar protagonismo la discusión sobre el Régimen Penal Juvenil, una propuesta que reabre el debate sobre la responsabilidad penal de los menores y que promete convertirse en uno de los temas más controvertidos del año legislativo. Luego del encuentro, el Gobierno confirmó que el proyecto para bajar la edad de imputabilidad será incluido en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada, donde también se abordaron las negociaciones por la reforma laboral impulsada por el oficialismo. A través de su cuenta de X, Adorni ratificó que la denominada “Ley Penal Juvenil” será uno de los ejes del debate parlamentario durante febrero.
La iniciativa cuenta con un antecedente clave en Diputados: el dictamen de mayoría consensuado en 2024 por un plenario de cuatro comisiones, que acordó reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con penas máximas de hasta 15 años y un esquema de sanciones alternativas para condenas menores a 10 años.
El texto reunió el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y otros bloques, mientras que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron cualquier modificación al régimen actual. Desde el oficialismo, referentes como Patricia Bullrich y Luis Petri presionaron para avanzar con el debate y sostuvieron que la reforma es “urgente y necesaria” para combatir la impunidad y prevenir nuevas víctimas.
Bullrich vuelve a pedir la cárcel para los menores
La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, instaló otra vez con fuerza la necesidad de revisar el régimen penal aplicable a jóvenes que cometen delitos graves.
Su posición, expresada tanto en el ámbito parlamentario como en redes sociales, apunta a modificar la legislación vigente y avanzar con cambios durante 2026. El planteo no es nuevo, pero encuentra ahora un escenario político distinto, con mayor visibilidad pública del tema y un Congreso que comienza a reordenarse tras los últimos cambios en la correlación de fuerzas.
El proyecto ya tuvo recorrido, pero quedó a mitad de camino
La iniciativa sobre el Régimen Penal Juvenil no parte de cero. Durante 2025 logró dictámenes favorables en comisiones de la Cámara de Diputados, aunque nunca llegó a tratarse en el recinto. La falta de consensos y las tensiones internas frenaron su avance.
Con la nueva composición parlamentaria, el proyecto vuelve a tomar impulso y se posiciona como uno de los debates más delicados, no solo por su contenido, sino por el impacto político y social que genera.
El Gobierno reconoce que la incorporación de la Ley Penal Juvenil al temario no estaba prevista en esta etapa. Sin embargo, la creciente demanda social vinculada a la inseguridad y a hechos de violencia protagonizados por menores aceleró la discusión.
Especialistas legislativos advierten que el tratamiento del proyecto difícilmente se agote en las sesiones extraordinarias y que su recorrido podría extenderse en el tiempo hasta alcanzar acuerdos mínimos entre oficialismo y oposición.
Reforma Laboral, el eje que no se negocia
Pese a la ampliación de la agenda, el Ejecutivo mantiene a la Reforma Laboral como prioridad absoluta. Esa iniciativa sigue concentrando la mayor parte de las negociaciones con bloques aliados y es considerada clave para la hoja de ruta económica del Gobierno.
Desde el ámbito parlamentario explican que la estrategia oficial busca evitar la dispersión de apoyos, un desafío complejo en un Congreso fragmentado y con alianzas inestables.
El impulso para avanzar con el Régimen Penal Juvenil no se limita a un solo espacio. Dirigentes de distintos sectores coinciden en la necesidad de discutir el tema, ya sea desde una perspectiva de orden público o como respuesta a episodios de violencia que tuvieron fuerte repercusión mediática.
La posible baja de la edad de imputabilidad aparece como el punto más conflictivo y anticipa discusiones intensas, con posiciones encontradas y alto nivel de exposición pública cuando el tema llegue al recinto.
Una agenda cargada y un margen estrecho
Analistas políticos señalan que sumar este debate implica un costo adicional para el Gobierno, que tendrá que administrar tensiones internas y negociar con aliados de posiciones dispares.
A diferencia de otras iniciativas, la Ley Penal Juvenil no garantiza consensos automáticos y tiende a profundizar las divisiones. Con una agenda en pleno movimiento, el Ejecutivo ingresa en una etapa clave: entre la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, el margen de maniobra será reducido y cada paso quedará bajo la lupa política.
