El Parlamento Europeo decidió paralizar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe si es compatible con los tratados comunitarios. En la práctica, la medida suspende el proceso de ratificación hasta que el tribunal emita su dictamen, lo que podría demorar la entrada en vigor del pacto hasta dos años.
La decisión fue adoptada este miércoles 21 de enero, apenas cuatro días después de la firma del acuerdo, que tuvo lugar el sábado 17 de enero en Paraguay, tras 26 años de negociaciones entre ambos bloques. Luego de la firma, se había iniciado el procedimiento de ratificación parlamentaria dentro de la Unión Europea.
La Comisión Europea había optado por una estructura jurídica que permitía avanzar de manera más rápida con la parte comercial del acuerdo, al tratarse de una competencia exclusiva de la UE. Bajo este esquema, el consentimiento del Parlamento Europeo era suficiente para poner en marcha un acuerdo comercial interino, sin necesidad de aprobación por parte de los parlamentos nacionales.
Sin embargo, el acuerdo de asociación completo incluye también disposiciones políticas, lo que implica un proceso más complejo. Para su entrada en vigor definitiva, deberá ser ratificado por los parlamentos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y por los países que integran el Mercosur, momento en el cual reemplazaría al eventual acuerdo interino.
La moción aprobada por el Parlamento Europeo cuestiona si el texto respeta los tratados de la UE y fue respaldada por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. Entre los puntos en discusión se encuentran el mecanismo de reequilibrio del acuerdo, que algunos eurodiputados consideran una posible amenaza a la autonomía regulatoria de la Unión, y la base legal utilizada para su aprobación.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea indicó que este tipo de dictámenes suelen tardar entre 18 y 24 meses, aunque aclaró que puede priorizar el tratamiento del caso si las circunstancias lo requieren. Mientras tanto, el proceso de ratificación quedará suspendido hasta que exista una resolución judicial.
Desde la Comisión Europea lamentaron la decisión del Parlamento y sostuvieron que las preocupaciones planteadas ya habían sido abordadas. “Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas no están justificadas porque la Comisión ya las ha tratado de manera muy profunda con el Parlamento”, afirmó el portavoz comunitario Olof Gill.
Dentro del propio Parlamento hubo posiciones divididas. Algunos legisladores advirtieron que llevar el acuerdo al TJUE podría ser un movimiento político para retrasar su aplicación, mientras que otros defendieron la consulta judicial como una herramienta de control. En un contexto internacional marcado por tensiones comerciales, distintos bloques coincidieron en que el acuerdo con el Mercosur ocupa un lugar central en la estrategia económica y geopolítica de la Unión Europea.
