El avance de la informalidad laboral volvió a encender señales de alerta en el Noreste argentino, donde casi la mitad de las personas ocupadas trabaja sin ningún tipo de cobertura legal ni acceso pleno a derechos básicos.
Los datos más recientes del informe Panorama del empleo informal y la pobreza laboral, elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires, muestra que el NEA registra una tasa de informalidad del 48%, una de las más elevadas del país y muy por encima del promedio nacional.
El deterioro del mercado de trabajo se da en un contexto marcado por el ajuste impulsado desde el inicio de la actual gestión nacional, cuyo eje central fue la reducción del gasto público, la desregulación y el recorte de políticas de protección. Lejos de traducirse en una mejora de las condiciones laborales, el proceso tuvo como contracara un aumento sostenido de la precarización, con impacto directo en regiones estructuralmente más frágiles como el NEA, el NOA y Cuyo, donde la informalidad supera o roza el 50% de la población ocupada.
Según el informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales del IIEP, en el tercer trimestre de 2025 el 43,3% de los trabajadores del país se encontraba en la informalidad, lo que equivale a más de cuatro de cada diez personas sin aportes jubilatorios, cobertura de salud ni estabilidad contractual. En la comparación interanual, la tasa mostró un incremento de 0,7 puntos porcentuales, consolidando una tendencia que ubica al empleo informal en niveles similares a los más altos de los últimos 17 años.
El ajuste económico y la paralización de sectores clave de la actividad golpearon con fuerza al entramado productivo de menor escala. Las pequeñas empresas, los emprendimientos familiares y los trabajadores por cuenta propia concentran los mayores niveles de informalidad, con tasas que superan el 60%. En los establecimientos de hasta cinco trabajadores, la informalidad alcanza el 67,1%, lo que evidencia la dificultad de sostener empleo registrado en un escenario de caída del consumo, suba de costos y retracción del crédito.
El informe también expone que el empleo informal no solo implica falta de derechos laborales, sino una fuerte penalidad en los ingresos. En promedio, un trabajador informal percibe un 39% menos que uno formal con iguales características, lo que agrava la desigualdad y explica la estrecha relación entre informalidad y pobreza.
En el segundo trimestre de 2025, el 41% de los ocupados informales vivía en hogares pobres, mientras que entre los trabajadores formales ese porcentaje descendía al 13.
En el NEA, la situación adquiere rasgos particularmente críticos. Aglomerados urbanos como Posadas, Formosa y Corrientes exhiben tasas de informalidad superiores al 50%, reflejando un mercado laboral marcado por la fragilidad estructural y la escasa capacidad de absorción de empleo de calidad.
La combinación de salarios bajos, alta rotación y ausencia de protección social configura un escenario donde tener trabajo ya no garantiza salir de la pobreza.
La informalidad afecta de manera desigual según edad, género y nivel educativo. Los jóvenes entre 16 y 24 años presentan las tasas más elevadas, con casi siete de cada diez trabajando en condiciones precarias. Las mujeres, especialmente aquellas con menor nivel educativo, enfrentan una incidencia aún mayor, profundizando brechas históricas que el ajuste no hizo más que amplificar.
Entre quienes no completaron la educación secundaria, la informalidad supera el 65%, cuadruplicando la probabilidad respecto de quienes cuentan con estudios universitarios completos.
Por ramas de actividad, el servicio doméstico y la construcción concentran los niveles más altos de informalidad, con tasas cercanas al 80%, mientras que el comercio reúne la mayor cantidad absoluta de trabajadores informales del país. Estos sectores fueron, además, algunos de los más afectados por la retracción económica y la caída del poder adquisitivo, factores que limitan cualquier proceso de formalización.
Desde el IIEP advierten que, pese a los anuncios oficiales sobre blanqueo laboral y desregulación, los resultados concretos muestran un retroceso en la calidad del empleo. Aunque durante 2025 se formalizaron unos 16.000 trabajadores, en paralelo se destruyeron más de 223 mil puestos desde noviembre de 2023, con un saldo neto negativo que expone el impacto del ajuste sobre el mercado laboral.
