El comercio de Posadas atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. Al menos cuatro empresas tradicionales de la capital misionera iniciaron formalmente un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, una herramienta legal que habilita, bajo supervisión del Estado, la aplicación de suspensiones y reducciones salariales temporales para evitar despidos masivos o cierres definitivos.
Las firmas involucradas; una casa de colchones, un frigorífico, una tienda de regalos del centro y una empresa vinculada al rubro de refrigeración– concentran en conjunto cerca de 300 puestos de trabajo. Según informó el Centro de Empleados de Comercio de Posadas, las compañías solicitaron el PPC para pagar hasta 30% menos de salario o no pagar aportes, en medio de una caída de ventas.
“La situación es crítica y se replica en distintos rubros. Hay menos consumo, ventas muy por debajo de lo habitual y costos fijos que se volvieron insostenibles, especialmente los alquileres”, explicó el secretario adjunto del gremio mercantil, Agustín Gómez, quien manifestó una fuerte preocupación por la continuidad de los puestos laborales.
Mudanzas, cierres
El escenario se completa con otros indicadores que reflejan el deterioro del comercio local. Un establecimiento de gran superficie, históricamente ubicado sobre la calle Ayacucho, decidió trasladarse a Itaembé Miní para reducir el impacto del alquiler y sostener su actividad frente a la baja de ventas.
A su vez, una zapatería cerró una de sus sucursales en la zona céntrica, otro punto tradicional del circuito comercial posadeño.
Desde el sindicato también alertaron sobre prácticas que, si bien no son nuevas, se intensificaron en este contexto. Una cadena de supermercados continúa incorporando personal bajo la modalidad de cooperativas para tareas propias del comercio, una estrategia que permite reducir costos salariales y aportes, pero que profundiza la precarización laboral.
“En los últimos dos años el comercio de Posadas perdió alrededor del 30% del empleo formal. Es un dato muy duro, que muestra que la crisis ya no es una amenaza, sino una realidad instalada”, advirtió Gómez.
Qué es el PPC
El Procedimiento Preventivo de Crisis está regulado por la Ley de Empleo Nº 24.013 y el Decreto 265/2002. Debe tramitarse antes de aplicar despidos, suspensiones o reducciones de jornada, y exige que la empresa demuestre, mediante balances y documentación contable, una situación económica grave o razones de fuerza mayor.
El proceso se inicia ante la Secretaría de Trabajo y abre una instancia obligatoria de negociación entre la empresa, el sindicato y el Estado. Allí se buscan acuerdos que pueden incluir suspensiones temporales, reducciones salariales no remunerativas, recortes de jornada o incluso despidos con indemnizaciones reducidas, bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. El objetivo formal es preservar la continuidad de la empresa y la mayor cantidad posible de puestos laborales.
Un fenómeno nacional
La situación del comercio posadeño no es un hecho aislado. Desde la asunción del presidente Javier Milei, unas 300 empresas de distintos sectores solicitaron al Gobierno nacional la apertura de un PPC para enfrentar la crisis. De las solicitudes relevadas oficialmente, unas 140 se presentaron durante el primer año de gestión libertaria, y el resto entre enero y agosto de 2025, aunque se estima que en los últimos meses el número creció sin datos públicos actualizados.
Las cifras son las más altas desde 2020, el año de la pandemia, cuando se tramitaron casi 500 procedimientos. Entre 2021 y 2023, en cambio, no se superaron los 60 casos anuales.
La lista incluye desde grandes compañías industriales y alimenticias hasta empresas públicas, todas atravesadas por el mismo diagnóstico: caída de ventas, pérdida de competitividad y aumento de costos.
En ese marco, lo que hoy ocurre en Posadas aparece como una expresión local de una crisis más amplia que golpea a la economía real.
Para el gremio mercantil, la principal preocupación es que los procedimientos preventivos se multipliquen y que las suspensiones y recortes salariales terminen siendo la antesala de nuevos despidos si el consumo no logra recuperarse en los próximos meses.
