La aprobación del Presupuesto 2026 sin la continuidad del régimen de emergencia sanitaria encendió una señal de alarma en el sistema de salud privado. Desde la Unión Argentina de Salud (UAS) advirtieron que la eliminación de ese marco legal podría derivar en despidos masivos, el cierre de cientos de establecimientos y un impacto directo sobre la atención médica en todo el país.
Según alertó la entidad que agrupa a prestadores de salud, lo votado recientemente en la Cámara de Diputados deja al sector en una situación de extrema vulnerabilidad. En ese escenario, más de 5.000 instituciones -entre clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico y establecimientos asistenciales- quedarían expuestas a medidas fiscales que podrían paralizar su funcionamiento. En conjunto, el sistema emplea a más de un millón de trabajadores registrados, cuya continuidad laboral quedaría seriamente comprometida a partir del 1 de enero de 2026.
El foco del reclamo está puesto en la eliminación del Capítulo XI, artículo 78 del proyecto de Presupuesto, que contemplaba la prórroga de la emergencia sanitaria y otros aspectos clave, como el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad, la movilidad de las asignaciones familiares y la ampliación del régimen de zonas frías. Para la UAS, la supresión de ese artículo rompe un delicado equilibrio que permite sostener la prestación de servicios esenciales.
Desde la cámara remarcaron que la emergencia sanitaria rige desde 2001 y que, durante más de dos décadas, ningún gobierno logró resolver de fondo los problemas estructurales del sector, ni actualizar de manera realista los precios y costos de la actividad. En ese contexto, la quita del régimen especial profundiza una crisis que ya venía arrastrándose.
Uno de los puntos más sensibles es la posibilidad de avanzar con embargos sobre cuentas y activos esenciales de las instituciones. Frente a ese escenario, la UAS exige el dictado de una norma específica que prorrogue el régimen de inembargabilidad, con el objetivo de evitar que las deudas fiscales deriven en cierres forzados.
“Esta herramienta no implica una condonación de obligaciones, sino un resguardo transitorio orientado a proteger el interés público”, explicó el presidente de la entidad, Hugo Magonza, al subrayar que el sistema de salud cumple una función social crítica.
En la misma línea, advirtió que permitir embargos sobre recursos indispensables “comprometería de manera inmediata la prestación de servicios críticos y la estabilidad del sistema”, con consecuencias directas para pacientes, trabajadores y comunidades enteras.
El reclamo del sector se suma así al debate político y económico en torno al Presupuesto 2026, con una advertencia clara: sin emergencia sanitaria, el sistema de salud privado podría enfrentar una crisis de magnitud inédita.
Fuente: Agencia de Noticias NA
