El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) aprobó un Plan de Facilidades de Pago 2026 destinado a que empleadores del sector rural puedan regularizar deudas previsionales y administrativas, aunque estableció un límite tajante: quedarán excluidos quienes estén vinculados a casos de explotación laboral, trata de personas o trabajo infantil.
La resolución 133/2025 , publicada en el Boletín Oficial, fija que el régimen estará vigente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026 y alcanzará a deudas vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025, ya sea por contribuciones mensuales, infracciones o procesos de ejecución fiscal.
Desde el organismo aclararon que el objetivo del plan es facilitar la regularización de obligaciones pendientes y promover la registración de trabajadores rurales y su acceso a la seguridad social, pero sin que ello se transforme en un incentivo para el incumplimiento ni en un beneficio para empleadores con antecedentes graves.
En ese marco, el RENATRE resolvió excluir expresamente del régimen a los establecimientos donde se hayan detectado indicadores de explotación laboral, trata de personas o trabajo infantil, siempre que esas situaciones no hayan sido sobreseídas o archivadas. También quedaron fuera los empleadores reincidentes, quienes mantengan trabajadores no registrados y aquellos que tengan planes de pago anteriores en mora.
Facilidades y condiciones
Para los empleadores habilitados, el plan permite cancelar las deudas en hasta 12 cuotas mensuales, con intereses atados a tasas del Banco Nación. De manera excepcional, quienes acrediten estar alcanzados por emergencias o desastres agropecuarios podrán acceder a hasta 24 cuotas y a una reducción en la tasa de financiación.
Además, el régimen contempla quitas de intereses resarcitorios para quienes opten por el pago al contado o en pocas cuotas, con reducciones que pueden llegar hasta el 50% en los intereses.
La adhesión al plan implicará el pago de un anticipo mínimo, calculado en función del salario vigente del peón general permanente, con una reducción para empleadores que acrediten su condición de MIPYME.
Más allá del alivio financiero, la resolución marca una definición institucional clara: el acceso a facilidades de pago estará condicionado al cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social.
Desde el RENATRE subrayaron que el plan no interfiere con los procesos judiciales ya iniciados ni con el cobro por vía de apremio en casos de deudas impagas, y que la regularización debe ser entendida como una herramienta para fortalecer el empleo formal en el ámbito rural.
