El juicio oral por la causa Cuadernos se reanudará este martes a las 13.30, con una audiencia clave en la que se dará lectura a los descargos de los empresarios Patricio Gerbi, Juan Chediak, Carlos Wagner, Aldo Roggio y Ángelo Calcaterra, antes de avanzar hacia la valoración de la prueba.
El debate se desarrollará en la Sala AMIA del edificio de Comodoro Py 2002, un espacio que fue recientemente puesto en valor y habilitado por la Corte Suprema de Justicia para albergar juicios orales de gran envergadura. La decisión apunta a resolver las limitaciones edilicias que habían sido advertidas por el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), a cargo del proceso.
En la última audiencia, realizada el jueves pasado, la acusación volvió a exponer el funcionamiento del presunto esquema de recaudación ilegal que, según el Ministerio Público Fiscal, operó entre 2003 y 2015. La investigación sostiene que existió una asociación ilícita integrada por Cristina Fernández de Kirchner y exfuncionarios del Ministerio de Planificación, entre ellos Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, junto a empresarios del sector de la construcción.
De acuerdo con la fiscalía, el mecanismo estaba orientado a obtener beneficios económicos ilegales a través de negociaciones irregulares vinculadas a la obra pública, la energía y el transporte. El sistema incluía la exigencia de retornos de entre el 3% y el 20% del valor de las obras, a cambio de adjudicaciones y la liberación de pagos.
Durante su declaración, Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, explicó que las maniobras comenzaban con acuerdos previos entre empresas para definir quién obtendría cada obra y el monto de la dádiva. Esa información luego era canalizada a través de José López hacia funcionarios de Vialidad Nacional, para que los valores fueran incorporados en los pagos mensuales.
En paralelo al avance del juicio, la Corte destacó la finalización de las obras de puesta en valor de la Sala AMIA, realizadas por la Dirección General de Infraestructura Judicial, con supervisión de la Intendencia de la Cámara Federal de Casación Penal. La intervención demandó una inversión de $162.434.175 y se enmarca en el Plan General de Obras del Consejo de la Magistratura, orientado a adecuar los edificios judiciales a los requerimientos del nuevo Sistema Acusatorio.
Con este nuevo escenario, el tribunal apunta a dar mayor ritmo al debate en una de las causas de corrupción más relevantes que se tramitan en la Justicia federal.
Fuente: Agencia de Noticias NA
