La discusión sobre el maltrato animal, tras la reciente muerte de un perro, ahogado en una pileta del barrio Itaembé Miní de Posadas, o la detención en Eldorado de tres hombres con canes desnutridos, usados presuntamente para caza furtiva, volvió a exponer un problema estructural que excede a Misiones: “La ley penal vigente no permite avanzar con condenas reales para castigar a los responsables”.
Así lo clarificó en diálogo con PRIMERA EDICIÓN el abogado especializado en Derecho Ambiental, secretario del Consejo de la Magistratura y coordinador del Instituto de Derecho Penal Ambiental de la Universidad Católica de Santa Fe, Leonardo Villafañe.
Su diagnóstico reflejó la profunda distancia entre las expectativas sociales y lo que el marco jurídico puede ofrecer: “Las provincias no pueden crear delitos. Solo pueden establecer contravenciones. Lo penal es facultad exclusiva del Congreso de la Nación”, advirtió tras señalar el límite que enfrentan tanto los juzgados locales como los cuerpos policiales al intervenir.
En ese sentido, el abogado explicó que la normativa central en materia de maltrato animal, la Ley 14.346, sancionada en 1954, establece penas que no superan un año, lo cual en la práctica “dificulta cualquier despliegue judicial significativo”.
A su vez, puso énfasis en la ambigüedad conceptual, ya que términos como “trabajo excesivo”, “malos tratos” o “condiciones inadecuadas” presentes en la ley “no cuentan con un desarrollo jurisprudencial suficientemente uniforme para agilizar procesos”, dijo enfático.
Esa falta de claridad, según contó, provoca que “los expedientes tarden en tramitarse, queden supeditados a criterios dispares o dependan de pruebas difíciles de obtener sin órdenes judiciales específicas. Asimismo, en casos de maltrato dentro de viviendas particulares, la barrera legal es más evidente”.
Para él, la prevención, desde el derecho ambiental aparece como una herramienta posible, “aunque hoy está subutilizada”, sostuvo.
“La prevención no es solo evitar el daño, también es evitar que se agrave”, remarcó, ya que allí entran en juego instrumentos legales que podrían aplicarse frente a sospechas fundadas, antes de que el hecho derive en un perjuicio mayor.
Sin embargo, reconoció que su aplicación depende de articulaciones institucionales, criterios unificados y un compromiso ciudadano que avanza de manera desigual, porque aunque la sociedad exige penas severas, no existen condenas rigurosas por maltrato animal, ni siquiera cuando se trata de casos de sometimiento sexual o tortura.
Con ese límite, ingresar a un juicio oral o sostener una investigación robusta es prácticamente imposible, porque “una denuncia por maltrato animal, por tener una pena tan baja, no te mueve todo el aparato judicial”, explicó en experto.
Mientras tanto, las autoridades de la tierra colorada, pese a las limitaciones, proceden hacia aquello que sí está dentro de sus posibilidades: sumar nuevos marcos normativos en lo local, más operativos, mayor presencia territorial, articulación con Ecología con centros de rehabilitación y un crecimiento sostenido de denuncias ciudadanas.
Algunas estadísticas
Desde su experiencia operativa, el comisario inspector Maximiliano Jaques, director de Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales, explicó a este Diario que “año a año crece considerablemente la cantidad de animales secuestrados e incautados, debido a que la gente ya no naturaliza el maltrato y se anima a denunciar”, señaló.
Su dependencia, operativa desde 2020, tiene como objetivo primordial “resguardar la biodiversidad de la provincia”. Gracias a esa tarea, este año se rescataron 315 ejemplares.
Los procedimientos abarcan desde aves y reptiles hasta especies exóticas, incluso serpientes, boas y un mono “tití pincel” proveniente del Amazonas, víctimas del tráfico ilegal y del mascotismo doméstico.
El hombre contó que en los operativos de rescate se encuentran con distintas situaciones, a veces la entrega es voluntaria y otras no. En estos últimos casos, lo judicializan para poder ingresar a los domicilios.
“Apelamos a la buena predisposición, pero hay gente que no accede. Entonces intervenimos con el Ministerio de Ecología y con los magistrados para rescatar al animal”.
Aun así, ninguno de estos avances operativos logra compensar el cuello de botella legal que describió Villafañe. La falta de condenas, y por ende la ausencia de un registro nacional, sumadas a la imposibilidad de aplicar penas efectivas, relegan cualquier esfuerzo.
“Hay un desfasaje entre el Derecho penal y lo que las provincias pueden hacer. Como dije, una ley penal la puede sancionar solo el Congreso de la Nación; hoy, salvo alguna discusión que hubo sobre la Ley Conan, tampoco hay mucho más”, acotó el letrado.
Y luego declaró: “Si bien en el ámbito nacional se discute un nuevo Código Penal que podría reconocer a los animales como ‘seres sintientes’ e incorporar delitos ambientales, su aprobación aún no tiene plazos claros. Por ahora son proyectos. Falta ver cómo terminan saliendo aprobados”.
“De todas formas urge actualizar el Código Penal e incorporar a los delitos ambientales, eso es lo que busca la Ley Conan, aplicar penas más severas”, reiteró el especialista, para quien “existen señales alentadoras, puesto que se modificaría el estatus jurídico de los animales y podría abrir un camino distinto”.
Debate integral
A su vez, la falta de condenas por maltrato animal y la ausencia de mecanismos provinciales de respuesta rápida reabrieron el debate en la Legislatura misionera, donde diversos proyectos están en estudio para avanzar en un modelo de intervención más ágil. El diputado Rafael Pereyra Pigerl y profesionales veterinarios consultados también señalaron que la ley nacional resulta insuficiente ante los casos cada vez más visibles de “abuso, negligencia y abandono”.
Pereyra Pigerl, quien finaliza su mandato en diciembre próximo, impulsó durante toda su trayectoria en la Cámara de Representantes distintos proyectos que apuntan a crear una unidad policial especializada en maltrato animal, con presencia de al menos un veterinario.
“Son los médicos quienes determinan en qué condición está el animal y el actuar humano ante la única ley penal que tenemos”, explicó. Entre los proyectos presentados en su gestión, con coautoría con varios de sus pares, se incluye la creación de una línea telefónica provincial de denuncias, un registro de hogares de tránsito y la asignación de competencias inmediatas a los juzgados de paz para agilizar medidas cautelares como rescates urgentes o preventivo de animales en riesgo.
El legislador fundamentó la necesidad de estos cambios basado en las penas bajas, los procesos lentos y la saturación de los juzgados, que derivan en una sensación generalizada de impunidad. “Considerando la multiplicidad de iniciativas existentes, que incluyen proyectos del ingeniero Carlos Rovira, del actual gobernador Hugo Passalacqua y otros legisladores, la Cámara buscará unificarlos en un marco más amplio”, adelantó.
Negligencia, maltrato invisible
Mientras la discusión legislativa continuará el año entrante en la Comisión de Legislación General, en las veterinarias la problemática del “maltrato animal invisibilizado” es casi moneda corriente. Así lo indicó el médico veterinario Facundo Borgeat, para quien también existe una forma de maltrato mucho más frecuente, pero también más silenciosa: la negligencia por subestimación.
“Vemos en los consultorios que hay tutores que subestiman la gravedad de los signos de enfermedad de sus mascotas: perros o gatos que pasan varios días vomitando antes de que los traigan a consulta y cuando lo hacen, llegan tan deshidratados que se mueren. Un cuadro grave que puede evitarse con un tratamiento sencillo en el primer día de síntomas”, señaló.
Borgeat analizó que gran parte del sufrimiento animal deriva de la falta de empatía: “A los niños pequeños con fiebre se los lleva al médico con urgencia. Así debe ser con los animales, pero si no los ven como seres sintientes, es en vano”, dijo. Y citó enfermedades crónicas como la leishmaniasis o patologías cutáneas severas que “suelen ser tratadas en casa con cremitas o aerosoles, sin diagnóstico, prolongando por meses o años el dolor del animal”.
Para el especialista, otro comportamiento naturalizado es el abandono funcional, especialmente en perros de razas grandes o de temperamento fuerte: “Cuando crecen y se vuelven difíciles de manejar, terminan atados, encerrados y en los casos más graves, con poca agua bajo el sol. Lo vemos permanentemente en las noticias”, describió.
El factor económico también influye: “La situación del país hace que la gente piense dos veces antes de gastar en una consulta”, indicó. Sin embargo, remarcó que IMuSA cuenta con profesionales capacitados. “Los mismos veterinarios que están en la atención privada son los que hacen la atención pública, no hay diferencia”, aseguró.
La Legislatura avanzará en 2026 con una normativa amplia
La Cámara de Representantes de Misiones estudia avanzar con un paquete integral de iniciativas para actualizar de manera integral el abordaje jurídico, sanitario y preventivo del maltrato animal. Los proyectos, que se encuentran en estudio en distintas comisiones, introducen cambios de fondo en el reconocimiento legal de los animales.
Uno de ellos propone modificar la Ley XVIII Nº 22 para incorporar dentro de la Policía Provincial una División Anti Maltrato Animal. La iniciativa establece además la creación de una línea telefónica de emergencia para recibir denuncias. Otro de los ejes centrales del paquete legislativo apunta a ordenar la responsabilidad sanitaria. Define obligaciones específicas para garantizar condiciones adecuadas de cuidado, alimentación, higiene, espacio, recreación y atención veterinaria. Quienes incumplan estas obligaciones podrían llegar a ser sancionados con multas económicas o arresto.
En paralelo, se analiza un proyecto que prohíbe la exhibición de animales en vidrieras, escaparates o estructuras similares con fines comerciales o publicitarios. Otra de las iniciativas con mayor alcance conceptual propone que la provincia reconozca explícitamente a los animales como seres sintientes con capacidad de sufrimiento, inteligencia y aprendizaje.
Finalmente, se analiza la incorporación de un inciso específico en la Ley orgánica del Poder Judicial para otorgar competencia a los Juzgados de Paz en situaciones de maltrato o crueldad animal. El proyecto, elaborado junto al juez de Instrucción Juan Manuel Monte, establece que los jueces de Paz pueden ordenar intervenciones policiales inmediatas.
