El 11% de la población argentina vive en 6.467 barrios populares que carecen de acceso formal a servicios esenciales y hábitat adecuado. Un informe de Fundar y Techo, publicado por Perfil, explica cómo la vulnerabilidad socioeconómica se convierte en pobreza estructural, exclusión urbana y vulnerabilidad socioambiental, de la mano del déficit de infraestructura, la precariedad en la propiedad de la tierra y el abandono estatal.
El informe revela que desde 2024, las políticas de integración urbana que habían acompañado los gobiernos de distinto signo político desde comienzos del siglo XX fueron desarticuladas y desfinanciadas. Mientras se precisa una inversión anual de 2.250 millones de dólares por doce años para cerrar la brecha de infraestructura, en lo que va de 2025 se invirtieron apenas 4,2 millones de dólares en programas de integración sociourbana, el 0,2% de lo requerido.
Los datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) confirman la magnitud del déficit de infraestructura. La conexión formal a servicios básicos registra niveles críticos de carencia. El 92% de los barrios populares carece de conexión formal al agua.
Más del 98% no cuenta con acceso formal a la red de gas natural. Esta falta de infraestructura segura obliga a las familias a depender de garrafas o fuentes riesgosas como leña y carbón, con costos que pueden ser hasta 2,5 veces superiores.
Sin saneamiento, electricidad y riesgo ambiental
La situación del saneamiento refleja una brecha social y ambiental significativa. El 97% de los barrios populares no tiene acceso formal a red cloacal. En 4.263 barrios, la eliminación de efluentes se realiza mediante pozos ciegos u hoyos, lo que compromete el suelo y el agua subterránea.
Respecto a la electricidad, el 66% de estos asentamientos utiliza conexiones eléctricas irregulares o informales. Además, el 70% de los barrios está expuesto al menos a un factor de riesgo ambiental, como basurales a cielo abierto o inundaciones. El informe sostiene que la política de integración sociourbana había logrado una consolidación institucional entre 2016 y 2023, pero experimentó un retroceso notorio.
Desde 2024, esta política fue desfinanciada y desarticulada de forma creciente. El avance hacia la integración se ve comprometido por el déficit estructural de financiamiento. La inversión necesaria estimada para resolver la brecha de infraestructura en los 6.467 barrios supera los 27.000 millones de dólares. Para realizar la urbanización en un plazo de 12 años, la inversión anual requerida es de 2.250 millones de dólares.
Esta cifra contrasta con la ejecución reciente. En lo que va de 2025, el gasto en programas de integración sociourbana suma apenas 4,2 millones de dólares, lo que representa solo el 0,2% de la inversión anual requerida.
La tierra, la clave de la precariedad habitacional
La seguridad en la tenencia de la tierra constituye un desafío central para la integración social y urbana. Más del 99% de los barrios populares se encuentra en condiciones de inseguridad en la tenencia de la tierra. Esta precariedad jurídica obstaculiza la inversión pública y privada en infraestructura y expone a los habitantes a riesgos de desalojo. El proceso tradicional de regularización mediante la entrega de escrituras traslativas de dominio es insuficiente para garantizar la integración en la escala de la problemática.
El Certificado de Vivienda Familiar (CVF), creado en 2017, ofrece una herramienta alternativa. Este documento acredita la posesión y domicilio y tiene la función de permitir la conexión formal a servicios públicos. El CVF es considerado un punto de partida para aumentar la seguridad en la tenencia de manera progresiva. Desde su creación, se han emitido más de 800.000 certificados, pero este instrumento también está paralizado.
Cómo financiar la integración sociourbana
Los 6.467 barrios populares presentan una fuerte heterogeneidad territorial. Si bien las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, CABA, Misiones y Chaco concentran más del 70% de la población afectada, el 70% de los barrios es habitado por menos de 150 familias.
Más allá del asistencialismo y la ayuda estatal, la magnitud de la inversión requerida impulsa la exploración de estrategias sostenibles de financiamiento. El informe señala que una de las opciones consideradas es la inversión del mercado de capitales, mediante la emisión de Valores Representativos de Deuda (VRD).
Los objetivos de la integración sociourbana, como la provisión de infraestructura básica y el impacto positivo en el acceso a agua potable y saneamiento, coinciden con las categorías dispuestas para ser incluidos como bonos sociales.
Fuente: Medios Digitales
