El Gobierno nacional oficializó este jueves, a través del Decreto 803/2025 publicado en el Boletín Oficial, modificaciones a la reglamentación de la Ley de Defensa de la Competencia N° 27.442 con el objetivo de agilizar la puesta en marcha de la Autoridad Nacional de la Competencia, organismo encargado de controlar prácticas monopólicas, conductas anticompetitivas y concentraciones económicas, y del Tribunal de Defensa de la Competencia.
La norma, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, establece que la Autoridad Nacional de la Competencia -creada por la ley sancionada en 2018- comenzará a ejercer sus funciones “inmediatamente después de constituida”, sin el plazo de 60 días que preveía el decreto reglamentario anterior (N° 480/18).
Según el texto, el Tribunal de Defensa de la Competencia deberá dictar su reglamento interno y las normas necesarias para su funcionamiento siguiendo las pautas de la ley y del decreto. Además, se dispone que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) supervisarán su accionar, garantizando “publicidad y transparencia” en materia de recursos, gastos, nombramientos y contrataciones.
El Gobierno justificó la medida en la necesidad de “evitar dilaciones en la puesta en marcha y operatividad” del organismo, al considerar que su rápida constitución “coadyuvará a la observancia de la libre competencia y la protección del interés económico general, evitando la paralización de los trámites en curso”.
Hasta que la Autoridad Nacional de la Competencia quede plenamente conformada, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía seguirá actuando como autoridad de aplicación, tal como establecía la reglamentación previa. Sin embargo, el decreto apunta a que esa transición sea lo más breve posible.
Con esta modificación, el Gobierno busca acelerar la institucionalización de un organismo previsto por ley desde 2018 pero que nunca llegó a ponerse en funcionamiento pleno. La ANC será responsable de evaluar fusiones empresariales, investigar acuerdos entre compañías que puedan restringir la competencia y sancionar abusos en mercados sensibles para los consumidores.
Fuente: Ámbito y El Norte.
