Tras el triunfo oficialista en las elecciones legislativas, el Gobierno nacional decidió acelerar las negociaciones políticas para avanzar con su primer paquete de reformas estructurales. Entre los proyectos que se preparan para el nuevo Congreso, el más discutido es el de reforma laboral, que busca modificar el esquema de paritarias, indemnizaciones y convenios colectivos de trabajo.
El debate se da en el marco del Consejo de Mayo, la mesa creada por la Casa Rosada para definir los diez puntos del Pacto de Mayo firmado en 2024 por el presidente Javier Milei y los gobernadores. Allí participan funcionarios, representantes empresarios y sindicalistas, entre ellos el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, el secretario de Trabajo Julio Cordero, el presidente de la UIA Martín Rappallini y el dirigente de la UOCRA Gerardo Martínez.
Aunque el texto final de la iniciativa aún no está cerrado, en el Gobierno aseguran que existe un consenso del 75% al 80% entre los sectores que integran la mesa. Los sindicatos, sin embargo, anticiparon un rechazo frontal a los principales lineamientos del proyecto.
Paritarias por empresa
Uno de los cambios centrales apunta a priorizar las negociaciones salariales por empresa, por encima de los convenios colectivos por rama o actividad. En la práctica, ya existen acuerdos particulares en muchas firmas, pero el marco jurídico actual establece que las condiciones del convenio general son las que prevalecen.
La propuesta oficial busca que se puedan pactar condiciones diferenciadas según el tamaño o la ubicación geográfica de las compañías. Desde el Ejecutivo sostienen que los salarios del sector privado evolucionaron con mayor dinamismo que los de convenio y que una mayor flexibilidad podría impulsar mejores remuneraciones.
Según datos oficiales, entre 2017 y 2025 los sueldos pactados en paritarias cayeron un 20% en términos reales, mientras que la masa salarial general retrocedió un 10%.
Fin de la “ultraactividad”
Otro de los puntos impulsados por los empresarios en el Consejo de Mayo es el fin de la “ultraactividad”, la cláusula que mantiene vigentes los convenios colectivos una vez vencidos, hasta que sean reemplazados por uno nuevo.
Actualmente, esa continuidad automática garantiza que los derechos laborales no se interrumpan, aun cuando no haya acuerdo entre las partes. Su eliminación implicaría que los convenios pierdan validez al concluir su plazo, lo que obligaría a renegociar desde cero y daría mayor margen de maniobra a las empresas.
Los gremios consideran este cambio como una amenaza directa a la estabilidad de las condiciones laborales y anticiparon que defenderán su vigencia en el Congreso.
Salario dinámico y productividad
El proyecto incorpora además la figura del “salario dinámico”, una modalidad que permitiría a las empresas otorgar aumentos individuales basados en criterios de productividad y desempeño.
Según el Gobierno, la medida busca “premiar” el esfuerzo y mejorar la competitividad, aunque aún no se detallaron los parámetros objetivos para medir la productividad. La propuesta fue presentada por Julio Cordero ante cámaras empresarias y, de aprobarse, podría aplicarse también dentro de los convenios colectivos.
Actualmente, la diferenciación salarial por rendimiento existe solo en cargos jerárquicos o fuera de convenio. Con esta modificación, se abriría la posibilidad de extenderla a un universo mucho más amplio de trabajadores.
Indemnizaciones por despido
Uno de los puntos más sensibles de la reforma es la revisión del sistema de indemnizaciones por despido. El Gobierno insiste en promover la creación de fondos de cese laboral, similares al que funciona en el gremio de la construcción.
La idea es que las cámaras empresarias y los sindicatos de cada sector acuerden voluntariamente su implementación, de modo que el fondo actúe como un seguro que reemplace la indemnización tradicional.
El ministro Sturzenegger reclamó públicamente a los empresarios que impulsen la propuesta, pero hasta el momento no hubo pedidos concretos para avanzar en esa dirección. Desde el Ejecutivo aclaran que el cambio regiría para todos los trabajadores alcanzados por convenios en los que se adopte el nuevo sistema.
Calendario legislativo y resistencias
El Poder Ejecutivo espera tener un documento final en diciembre y enviarlo al Congreso una vez que asuman los nuevos legisladores. El oficialismo promete que el articulado del proyecto no incluirá puntos fuera de los acordados en la mesa del Consejo de Mayo.
Sin embargo, las centrales sindicales ya anticiparon protestas y advirtieron que las medidas representan un retroceso en los derechos laborales conquistados. Desde la CGT sostienen que la reforma busca “individualizar” las relaciones laborales y debilitar la negociación colectiva.
Pese a las resistencias, el Gobierno confía en que la nueva composición parlamentaria tras las elecciones legislativas le permitirá avanzar con mayor respaldo político en el Congreso. La reforma laboral se perfila así como la primera gran batalla legislativa del segundo tramo de la gestión de Javier Milei.
