“Carlos Raúl Guirula se encontraba en estado de indefensión, con un alto grado de intoxicación alcohólica e incapaz de repeler una agresión física”. La conclusión surge de la elevación a juicio oral de la fiscal de Instrucción 1 de la Primera Circunscripción Judicial, Amalia Benedicta Spinnato, leída ayer en el inicio del debate oral ante el Tribunal Penal 2 y que tiene a seis policías misioneros acusados de torturar y matar, pero también ocultar pruebas.
La muerte del albañil Carlos Guirula (33) el 19 de julio de 2014, en el marco de un procedimiento a cargo de efectivos de la Policía de Misiones bajo la calificación para seis policías por “tortura agravada seguida de muerte” (artículo 144) y “ocultamiento de pruebas” (artículo 255 del CPA).
Los encartados en este expediente son la oficial Lourdes Beatriz Tabárez y los suboficiales Ricardo Rafael Escobar, Carlos Alberto Zidorak, Carlos Alberto Da Silva, Lucas Nahuel Saravia Allosa y Claudio Marcelo Servián.
El hecho tuvo lugar minutos después de las 3 en un motel de la intersección de las avenidas Santa Catalina y Andresito de la capital provincial. A esa hora, Guirula y dos amigos intentaban retirarse luego de alquilar dos habitaciones junto a dos acompañantes femeninas cuando se inició una discusión con un encargado del lugar, al parecer, por una deuda de 104 pesos contraída por la compra de una botella de whisky por parte de la víctima.
Para la fiscal Spinnato, está acreditado el grado de probabilidad y la materialidad histórica del hecho y que los elementos “de convicción colectados señalan como presuntos responsables del hecho a los seis imputados, quienes revestían la calidad de integrantes de la fuerza policial y en tal carácter -ya por acción o por omisión- se habrían presentado en el lugar del hecho que concluyera con la muerte violenta de Guirula”. En el cuerpo de la víctima fatal se detectaron 3,04 gramos de alcohol por litro de sangre, farmacológicamente equivalente al período III del estado de ebriedad, sin reflejos para defenderse de una ataque a golpes, remarca el requerimiento fiscal.
Las pruebas científicas, de acuerdo a la lectura de ayer, “acreditan una reacción desproporcionada y excesiva del personal policial que fuese convocado para poner orden frente un hecho menor que habría tenido su génesis en la resistencia de la víctima que intentara evitar su detención y lejos de ello le ocasionara el resultado fatal”.
“Frente a tal situación y la inoperancia de quienes arribaran en primer término -Tabárez, Servián y Da Silva, efectivos de la comisaría Decimotercera-, se convocó a las restantes unidades integradas por Zidorak, Escobar y Saravia Allosa- quienes lejos de controlar la situación, la empeoraron y su intervención significó en conjunto la culminación, el óbito de Guirula”.
Resalta el requerimiento que, de la autopsia del occiso, “se señala que su deceso se produjo por politraumatismo grave, traumatismo torácico grave bilateral, como hemotórax masivo derecho, con fracturas costales, múltiples y bilaterales, con contusión pulmonar bilateral grave a predominio izquierdo, con insuficiencia respiratoria aguda grave, asociado a traumatismo de cráneo moderado por edema cerebral difuso. Ocasionando la sumatoria de eventos el paro cardiorrespiratorio (PCR) y fallecimiento”.
Guirula, siempre en línea con la opinión fiscal, fue víctima de “una terrible golpiza”, pero además los encartados al respecto también participaron del ocultamiento de pruebas y entorpecimiento de la investigación.
Esto último se habría registrado en la comisaría Decimotercera con patrulleros y patio lavados. “El cuerpo de Guirula habría sido manipulado, al presentar lesiones de tipo arrastre postmortem”, se resumió de la lectura de ayer.
El debate se reanudará hoy, con las indagatorias a los acusados Zidorak, Escobar y Da Silva, quienes ayer solicitaron hacerlo. Seguirán los primeros testigos de los 88 citados. En total fueron agendadas catorce jornadas para producir pruebas y definir una causa que acarrea once años y tres meses de trajinar en la Justicia provincial. Las fechas para alegatos y sentencia fue prevista para el martes 18 y el miércoles 19 de noviembre.
El Tribunal fue conformado con dos vocales subrogantes, los jueces de Instrucción 3 y 7 de Posadas, Fernando Luis Verón y Miguel Mattos, respectivamente. La presidencia quedó bajo la responsabilidad de Gregorio Augusto Busse y la acusación en manos del fiscal Vladimir Glinka.
Encuadre legal
De acuerdo al artículo 144 ter (incisos 1 y 2) del CPA “será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura. Si con motivo u ocasión de la tortura resultare la muerte de la víctima, la pena privativa de libertad será de reclusión o prisión perpetua”.
