La puesta en marcha del Sistema de Acogimiento Familiar Alternativo (SAFA) en la provincia significó un avance en materia de restitución de derechos para niños, niñas y adolescentes (NNyA). El programa, regulado por la Ley Provincial 236 sancionada en 2021, permite que los NNyA que no puedan permanecer con su familia de origen o extendida reciban contención temporal de familias evaluadas y comprometidas a acompañar su desarrollo.
La iniciativa comenzó a implementarse formalmente en 2023, sumando 25 acogimientos realizados hasta la fecha, y Carla Bongers, coordinadora del SAFA, precisó a PRIMERA EDICIÓN que actualmente se encuentra en etapa de “instalación” , reforzando alianzas institucionales y analizando los casos de acogimiento realizados.
Haciendo un balance del camino recorrido, sostuvo que el principal aspecto a mejorar son los plazos judiciales, para que se ajusten a los tiempos definidos por la ley y permitan garantizar mayor disponibilidad de familias de acogimiento y apoyo.
Implementación y desafíos
La ley provincial que da origen al Sistema de Acogimiento establece los 180 días como plazo de permanencia con las familias, pero Bongers explicó que cada caso se analiza de manera particular.
En algunos casos, permanecen menos tiempo, pero en otros se hace uso de la prórroga, atendiendo a que los plazos judiciales se extienden más de la cuenta y los NNyA dejan el sistema únicamente cumpliendo ciertas condiciones, como el retorno efectivo con la familia de origen o extendida, vinculadas a la administración de la Justicia.
Esta limitación impacta en el funcionamiento del SAFA. “Cuando implementamos el sistema y no se resuelven rápidamente los casos es cuando necesitamos otras familias que funcionen como familia de emergencia o de tránsito inmediato, (…) que lo que hacen es apoyar a las familias que están haciendo acogimiento”, explicó Bongers.
Por ese motivo, hoy trabajan recorriendo la provincia para informar a familias y profesionales sobre el sistema. Gracias a esas visitas, Bongers aseguró que creció el número de familias interesadas y el compromiso institucional para poner en marcha el sistema.
