Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2025, Argentina registró un total de 167 femicidios y relacionados, además de un lesbicidio y un transfemicidio, según el último informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” de La Casa del Encuentro. A estos hechos se suman 12 femicidios vinculados de varones adultos y niños, completando 181 víctimas de violencia de género en los primeros nueve meses del año.
El informe destaca que 166 niños y niñas quedaron sin madre, de los cuales el 52% son menores de edad. Asimismo, el 59% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, confirmando que el entorno íntimo sigue siendo el escenario principal de estos crímenes. De hecho, el 63% de las mujeres fueron asesinadas en su propia vivienda o en el domicilio compartido con el agresor, el lugar más inseguro para ellas en situación de violencia.
En términos geográficos, el fenómeno también se distribuye en todo el país, aunque la provincia de Buenos Aires reporta el mayor número de casos en cifras absolutas, seguida por Santa Fe, Córdoba y Chaco. Estas provincias concentran la mayor cantidad de femicidios, reflejando la gravedad y la extensión territorial de la violencia de género en Argentina.
Un dato alarmante que añade complejidad al fenómeno es la vinculación de la violencia feminicida con el narcotráfico, visibilizado tras el terrible caso del triple crimen de Morena, Brenda y Lara. Desde 2023 hasta la fecha, se han registrado 70 mujeres asesinadas en contextos relacionados con el narcocrimen, informaron en el informe. Este tipo de femicidios refleja las desigualdades estructurales del patriarcado, donde las mujeres son utilizadas como objetos dentro de las redes criminales, hasta incluso perder la vida.
El informe denuncia también la naturalización y la difusión de discursos de odio, violencia simbólica y minimización de las víctimas en redes sociales, medios de comunicación y espacios públicos, que alimentan la crueldad sistémica hacia las mujeres. La grave situación se agrava con la precarización económica, la falta de políticas públicas efectivas y la complicidad o inacción de las fuerzas políticas, policiales y judiciales.
Finalmente, se recuerda que solo 25 víctimas habían realizado denuncias previas y 9 agresores contaban con medidas cautelares de prevención incumplidas. Además, 16 femicidas tenían vínculos con las fuerzas de seguridad.
