El presidente Javier Milei confirmó la última semana el veto a la ley aprobada en el Congreso que establecía la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias. La decisión, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el mandatario, generó un nuevo frente de conflicto con los gobernadores, que habían impulsado la norma para dotar de mayor previsibilidad financiera a los distritos.
En el caso de Misiones, la provincia se ve directamente afectada por el freno a esta iniciativa.
Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), le correspondían más de 18.300 millones de pesos en concepto de ATN. Esa cifra representa el 0,0022% del Producto Bruto Interno y son recursos que la Provincia podía utilizar, por ejemplo, para atender obras que fueron abandonadas por el Gobierno nacional. Con el veto, esos fondos seguirán dependiendo de la asignación discrecional de la Casa Rosada.
Los ATN constituyen un fondo equivalente al 1% de la masa coparticipable recaudada por impuestos federales.
Mientras el 56,66% de esa masa se distribuye automáticamente entre provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y el 42,34% queda en manos de la Nación, este 1% se reserva al Ejecutivo nacional, que decide su utilización.
La ley vetada buscaba que esa porción se repartiera de forma automática, con los mismos coeficientes que la coparticipación, eliminando así la discrecionalidad.
La administración Milei justificó el veto señalando que la discrecionalidad es una herramienta indispensable para atender situaciones excepcionales. El decreto argumentó que “la posibilidad de asignar discrecionalmente los recursos del Fondo no responde a un diseño legislativo caprichoso e injustificado sino a una necesidad estructural del federalismo argentino”.
Además, sostuvo que el proyecto sancionado por el Congreso “altera la finalidad legalmente asignada a los Fondos de ATN y priva al Estado nacional de una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros”.
En Misiones, el reclamo por los ATN se suma a la demanda histórica de mayor participación en la coparticipación federal. La tierra colorada aporta como la octava o novena economía al fisco nacional, pero está entre las tres más relegadas en el reparto de los fondos.
El gobernador Hugo Passalacqua y legisladores provinciales habían respaldado la norma ahora vetada, al igual que la mayoría de los mandatarios del interior, para garantizar que los fondos llegaran sin depender de decisiones políticas coyunturales.
No es algo nuevo
La situación no es aislada. Desde la asunción de Milei, el fondo ATN fue notoriamente subejecutado: en 2024 solo se distribuyó el 7% de los recursos, y ocho jurisdicciones (entre ellas la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba) no recibieron transferencias. Para Misiones, la falta de previsibilidad complica la planificación financiera en un contexto de caída real de la recaudación y mayores necesidades de asistencia social.
El impacto del veto también tiene una dimensión política. El Gobierno nacional había designado recientemente a Lisandro Catalán como ministro del Interior con el objetivo de recomponer la relación con los gobernadores. En sus primeras declaraciones, Catalán habló de “tender puentes y establecer canales de diálogo”. Sin embargo, la decisión de frenar el reparto automático de los ATN profundizó la desconfianza de las provincias hacia la Casa Rosada.
El Congreso nacional aún tiene la posibilidad de rechazar el veto presidencial si consigue dos tercios de los votos en ambas cámaras. De lograrse, la ley entraría en vigencia y el reparto automático de los ATN sería un hecho. No obstante, alcanzar esa mayoría se presenta como un desafío político complejo.
