El Gobierno argentino oficializó el pago del bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas. La medida fue formalizada a través del Decreto 613/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y confirma que el monto se abonará en septiembre de 2025 a quienes perciban haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).
Esta decisión, si bien se presenta como una forma de “mantener el poder adquisitivo” de las prestaciones, es la continuación de una política que el gobierno implementa desde hace más de un año. El bono de $70.000 se comenzó a pagar de forma regular en marzo de 2024 y ha mantenido su valor nominal sin cambios desde entonces. Esta constancia en el monto, en un contexto de inflación sostenida, es un punto de debate clave, ya que su capacidad de compra se ha deteriorado significativamente con el paso de los meses.
Según los cálculos del decreto, el ajuste en los haberes será de un 1,90%. De esta manera, la jubilación mínima mensual ascenderá a $320.277,18 en septiembre, a lo que se suma el bono de $70.000. Así, el total para quienes perciben el haber mínimo se fija en $390.277,18.
El Gobierno fundamenta la continuidad de este tipo de medidas extraordinarias en su crítica a la fórmula de movilidad previsional anterior. Alegan que la Ley 27.609 “presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario”. Argumentan que dicha fórmula no contemplaba la variación de los precios y generaba un “gran desfasaje” entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes de los adultos mayores.
Al igual que en meses anteriores, el bono de $70.000 se destinará a quienes perciban un monto igual o menor al haber mínimo. Para aquellos que superen ese umbral, el plus será equivalente a la suma necesaria para alcanzar la cifra total del haber mínimo más el bono, es decir, los $390.277,18. En el caso de beneficios de pensión con varios copartícipes, estos serán considerados como un único titular a los fines del derecho al bono.
La publicación de este decreto confirma la estrategia del Gobierno de complementar la fórmula de movilidad con bonos discrecionales, una herramienta que, si bien aporta un alivio inmediato, no resuelve la pérdida estructural del poder adquisitivo a largo plazo y la erosión constante del valor nominal de las prestaciones.
