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Quince años de cárcel para el oficial de la PNA que violó reiteradamente a una subalterna

Jorge Daniel Barceló fue condenado ayer por reiterados delitos contra la integridad sexual de una suboficial, acosos y amenazas entre 2020 y 2022 en varias dependencias de la Prefectura Naval Argentina en Misiones.

27 agosto, 2025

El falló se leyó este martes a las 19.05, tres meses y 18 días después del inicio del debate. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas condenó ayer el oficial de Prefectura, Jorge Daniel Barceló, como autor penalmente responsable de los siguientes delitos: “abuso de autoridad y falsedad ideológica de instrumento público, un hecho, abuso sexual simple dos hechos y uno en grado de tentativa, abuso sexual con acceso carnal dos hechos y uno en grado de tentativa, todo agravado por haber sido cometido por un integrante de una fuerza de seguridad en el ámbito de su función, todo en concurso real”.

El acusado, bonaerense de 39 años, prestó servicio en la delegación Posadas de la Prefectura y fue denunciado en 2022 por reiterados abusos sexuales, acoso y persecución laboral a una subalterna.

Desde 2023, Barceló está detenido en la unidad penal IV del Servicio Penitenciario Federal en la localidad de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. Y desde allí enfrentó el juicio ante los jueces Gustavo Fabián Cardozo, Manuel Alberto Jesús Moreira y Enrique Jorge Bosch (subrogante del TOCF de Resistencia).

La condena se determinó tras una larga audiencia que se inició a las 8.30 de ayer e incluyó tres horas de alegato del fiscal subrogante del TOCF-Posadas Pablo Ricardo Di Loreto. Su pedido de pena coincidió con el criterio del tribunal. La querella en tanto, encabezada por Gustavo Vargas, defensor Público Oficial de la Víctima, del Ministerio Público de la Defensa (desde 2017 comprendido por la Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías de las Víctimas de Delito 27.372), solicitó 18 años de prisión.

Los defensores particulares, Federico Tilli y Cristian Bareiro, expusieron durante casi dos horas y desplegaron su criterio respecto a la absolución de Barceló y la reserva de recurrir un fallo condenatorio. El análisis de los jueces mencionados se extendió por cinco horas y la decisión final incluyó la inhabilitación perpetua para el encartado a volver a ocupar cargos públicos; pero también ordena a la reparación íntegra a la víctima, entre otros puntos, que Prefectura revise administrativamente las sanciones que Barceló impulsó y concretó en perjuicio de la víctima, además de los abusos sexuales.

Por tratarse de acusaciones y hechos comprendidos en delitos contra la integridad sexual, las audiencias de debate fueron orales pero sin ingreso autorizado al público, solo correspondió a las partes.

Fueron una veintena de audiencias para recibir declaraciones. Cada uno de los testigos dio su versión y fue preguntado durante tres horas, aproximadamente.

La denunciante, hoy de 33 años, era cabo primero cuando en 2020 comenzó a sufrir los actos de persecución laboral y acoso sexual que no tardaron en agravarse con sendos episodios de violación con acceso carnal y violencia moral y mental en el mismo contexto: la Oficina de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental (SIPA) a la que fue asignado Barceló proveniente de Quequén, Buenos Aires.

Barceló fue acusado de “abuso de autoridad, contra la integridad sexual en perjuicio de una subordinada y falsificación de documentos”, previstos y reprimidos por los artículos 119, 42 y 149 Bis, 248 y 292, del Código Penal, todos en calidad de “autor”. En total: siete hechos.

 

 

La suboficial fue víctima también del abuso de la jerarquía de Barceló con órdenes arbitrarias, como las de negarle licencias médicas u ordinarias referentes a su tareas.

El calvario fue repetido e incluyó actos de acoso laboral y sexual, a los que Barceló sumó obligaciones a prestar servicios extras, actos de exigencia física extremos e incluso cuando la víctima estaba lastimada: una fractura en una mano que sufrió en un accidente vial en 2020.

El acoso laboral se complementaba con hostigamiento, órdenes a los gritos y degradantes, porque no accedía a las intenciones sexuales de la autoridad, el propio Barceló.

A modo de ejemplo: “Vos pensás que me vas a cagar la carrera, en serio pensás que lo podés hacer, yo soy el jefe, tu jefe”, le gritó a la denunciante mientras le rompía el certificado médico presentado por las lesiones físicas. Pero la violencia fue aún mayor.

La víctima presentó un nuevo certificado y Barceló lo habría cajoneado, no lo informó al registro obligatorio de la dependencia y la suboficial fue sancionada.

“Sos inútil, no sabés hacer nada, no podés hacer nada”, le habría vuelto a gritar a la subalterna y luego pidió su desafectación. De acuerdo a la elevación a juicio que requirió la fiscal de primera instancia Silvina Gutiérrez, y luego solicitó la jueza María Verónica Skanata, Barceló abusó sexualmente de la suboficial en el baño de un camarote de oficiales, en la guardia de Prefectura Posadas.

En Puerto Rico, en operativo asignado, irrumpió mientras ella se bañaba pero la víctima logró esquivar el ataque sexual diciéndole que había gente cerca. Luego Barceló le solicitó dialogar para pedirle perdón, la guió hacia la costa del Paraná y allí la volvió a someter. Los actos se replicaron en una traffic de la fuerza, en Puerto Iguazú también en una dependencia de la PNA.

En 2023, Barceló acusó de “falsa denuncia” a la suboficial, la acusó de un plan para inventarle una causa de acoso y echarlo de la fuerza federal. Nada de ello logró probar, por el contrario lo condenaron por falsificar instrumentos públicos. 

El esposo de la víctima de Barceló, hoy retirado de la PNA, dialogó con PRIMERA EDICIÓN ayer después del desenlace del juicio: “Esto no tuvo que pasar y no tiene que volver a pasar. Prefectura como cualquier otra institución en que ocurra esto se tiene que replantear y volver realizar una evaluación psicológica seria para detectar este tipo de personas”.

Agregó: “Este fallo es una tranquilidad para mi pareja como para toda la familia. Esto no se termina, tenemos que seguir el tratamiento. El daño ya fue hecho y esto es un manto de tranquilidad, que este tipo de personas no estén más en la calle ni conduciendo a gente y vuelvan a cometer estos hechos”. “Fueron largos meses de angustia con el debate pero también ya son varios años que ella acarrea de sufrimiento, estuvo expuesta a montones de preguntas y situaciones lógicas de este proceso. Ella tiene medallas al mérito por su desempeño en la Prefectura, por salvar a gente en el río acá en Posadas fue reconocida por la Vicepresidencia de la Nación y el Concejo Deliberante en 2018”.

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Tags: Policía de MisionesPolicialesPrefectura
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El corredor inmobiliario José Luis Saravia, radicado desde hace años en la ciudad brasileña de Bombinhas, en el estado de Santa Catarina, realizó un balance del movimiento turístico durante enero y trazó un panorama con expectativas moderadas para febrero, tras un inicio de temporada marcado por una fuerte merma en la llegada de visitantes.“Este verano, hasta ahora en particular, se mantiene una baja en el flujo de turistas de entre el 30 y el 40%. Enero cerró más o menos con esos porcentajes y la primera quincena fue incluso un poco más baja”, explicó Saravia, quien trabaja en el sector inmobiliario turístico de la zona.Según detalló, la segunda mitad del mes mostró una leve mejora, aunque insuficiente para alcanzar niveles de ocupación plena. “La segunda quincena mejoró un poquito, pero no llegó a completar el 100% de ocupación. Se mantenía todavía un 20 o 30% de oferta de propiedades para alquilar”, señaló.
Organizaciones oncológicas de todo el país lanzaron una petición nacional para impulsar la creación de un Plan Nacional de Control del Cáncer, con el objetivo de reducir desigualdades y garantizar un acceso equitativo a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad en Argentina.La iniciativa es promovida por una red de 160 organizaciones de la sociedad civil, que desde 2020 trabajan de manera articulada en temas vinculados al cáncer. Entre ellas se encuentra la Asociación Civil SOSTÉN, cuya presidenta, María Alejandra Iglesias, explicó que la propuesta surge de una construcción colectiva entre distintos sectores.“Las organizaciones de la sociedad civil conformamos una red que hoy reúne a 160 grupos de pacientes de todo el país. Ya realizamos nuestro segundo congreso nacional y de allí surgió una visión compartida: la necesidad urgente de contar con un plan nacional de control del cáncer”, señaló Iglesias.Según explicó, Argentina supo contar con un plan nacional cuando funcionaba el Instituto Nacional del Cáncer, pero esa política quedó trunca. “Necesitamos un plan federal, a largo plazo, que trascienda los cambios de gestión y sea una política rectora en temas de cáncer”, remarcó.
Leonela Yamila Dávalos, vecina del kilómetro 4 de Eldorado y estudiante de tercer año del Profesorado en Lengua y Literatura, atraviesa una delicada situación de salud y lanzó una campaña solidaria para poder continuar con un tratamiento médico impostergable. La joven convive desde pequeña con el síndrome de Alport, una enfermedad genética que derivó en insuficiencia renal crónica, problemas tiroideos y el desarrollo de un tumor en el paladar inferior.“Es una situación bastante complicada en este momento con la salud”, expresó Leonela al relatar su historia. Si bien la enfermedad es congénita, fue diagnosticada recién a los 14 años, cuando comenzó con diálisis peritoneal. “El síndrome dañó mis riñones y generó una insuficiencia renal crónica en estadio terminal”, explicó.Con el paso de los años, el cuadro se fue complejizando. En 2020, al iniciar hemodiálisis, le detectaron hipertiroidismo, lo que posteriormente provocó la aparición de un tumor. “El hipertiroidismo generó un tumor en el paladar inferior de la boca, que comenzó a crecer considerablemente”, contó. En 2022 fue sometida a una cirugía de tiroides con el objetivo de reducir el tamaño del tumor y avanzar hacia la posibilidad de un trasplante renal, que hoy ya es una realidad.Sin embargo, la intervención quirúrgica que necesita actualmente no está completamente cubierta. “El tumor sí o sí me lo tienen que sacar y el tratamiento posterior también, no es una opción, es algo urgente”, remarcó. Leonela explicó que el mayor obstáculo es el tratamiento odontológico posterior a la cirugía, que no está incluido en los programas de cobertura vigentes. “No es un tratamiento simple; estamos hablando de un tumor y además yo soy paciente trasplantada y tomo inmunosupresores”, detalló.
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