Luego de que se pusiera en funcionamiento un régimen para conservar y administrar los bienes provenientes de causas federales, se dispuso la creación de la Oficina de Bienes Recuperados, un organismo desconcentrado que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
De esta manera, desde el Ejecutivo nacional indicaron que el organismo funcionará como autoridad de aplicación del Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados en los procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio.
Entre las actividades que deberá realizar la entidad, se destacó la identificación, registro, inventariado, valuación, custodia, conservación y administración de todos los recursos que fueran incautados en el marco de una causa penal federal. La entrega de los mismos deberá ser coordinada con el Poder Judicial.
En línea con esto, la Oficina de Bienes Recuperados quedará supeditada a las directivas impartidas por el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, debido a que será el organismo responsable de evaluar y definir el destino final de los elementos incautados.
Frente a esto, las autoridades remarcaron la necesidad de contar con un organismo dedicado a la custodia y administración, tras señalar que “en el período comprendido entre los años 2012 y 2023 se inscribieron más de TRES MIL DOSCIENTOS (3200) bienes decomisados”, según los datos obtenidos por el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal.
“Ello evidencia la necesidad de contar con una estructura especializada que permita transformar dichos activos en recursos estratégicos para el desarrollo de políticas públicas”, apuntaron al indicar que sería necesario crear una estructura operativa para realizar un mejor aprovechamiento de los bienes en beneficio del Estado nacional.
Además, consideraron que la oficina será “una herramienta clave para el fortalecimiento de la política criminal del Estado Nacional relativa al recupero patrimonial derivado del delito y como mecanismo de prevención, disuasión e impacto económico sobre las organizaciones criminales”.
Por otro lado, la entidad colaborará con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para llevar a cabo los procesos de enajenación o concesión para que los bienes puedan ser explotados comercialmente. Además, otorgarán permisos de uso precario y gratuito, que fueran aprobados por el consejo.
Fuente: Infobae y otros medios digitales.
