A la espera de la decisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos sobre si mantiene o no la suspensión de un fallo multimillonario contra la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, el gobierno de Javier Milei salió este martes a advertir, a través del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que una decisión desfavorable sería “incumplible” en la práctica.
Según supo Noticias Argentinas, la Corte ya habría tomado una decisión y hay chances de que se publique oficialmente este miércoles.
Por la posición que están asumiendo las partes, todo indicaría que este caso sin precedentes en la historia -ya que una jueza federal estadounidense (Loretta Preska) pretende ordenarle a un Estado soberano (República Argentina) entregarle las acciones de la principal compañía estatal del país a un fondo especulativo- se inclinaría hacia el mantenimiento de la suspensión del fallo y la apertura de una larga negociación.
Incluso el fondo demandante -Burford Capital- hizo trascender que no está interesado en ese 51% de las acciones de YPF que Preska le ordena entregar a la Argentina para cumplir su polémico fallo que condena al país a pagar la friolera de USD 16.100 millones.
Por eso, la administración de Javier Milei aguarda la confirmación por parte de la Corte del pedido de suspensión (“stay”) de la orden judicial que lo obliga a entregar esas acciones a Burford.
La resolución de la Corte de Apelaciones definiría si se frena temporalmente el cumplimiento de la medida, mientras se analiza la apelación principal, prevista para octubre, confiaron a Noticias Argentinas fuentes que siguen de cerca las herméticas negociaciones.
La orden de entrega de acciones fue dictada por la jueza Preska, del Distrito Sur de Nueva York, en el marco de la sentencia contra Argentina por la expropiación del 51% de YPF en 2012 sin cumplir con el estatuto societario.
Burford, que adquirió los derechos de litigio de los demandantes originales, valuó al 30 de junio de 2025 sus activos vinculados al caso en US$ 1.600 millones, equivalente al 43% de su portafolio principal.
Según estimaciones de Sebastián Maril, director de Latam Advisors, la Corte podría optar entre tres escenarios: aceptar la suspensión solicitada por Argentina, rechazarla o concederla a cambio de que el país deposite un activo alternativo como garantía.
En caso de un fallo adverso, el gobierno recurriría a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Qué dijo el CEO de Burford
El CEO de Burford, Christopher Bogart, dijo que no hay certeza sobre los plazos de la decisión, señalando que el receso estival en el hemisferio norte podría demorarla.
“Está calendarizado para la próxima semana ante un panel de mociones, pero quién sabe cuándo emitirá una decisión”, afirmó durante la presentación de los resultados trimestrales de ese fondo.
27 de octubre, otra fecha clave
El 27 de octubre de 2025 está prevista la audiencia oral de la apelación de fondo, donde se discutirá la validez de la sentencia que condenó a Argentina a pagar más de US$ 16.000 millones.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación, que coordina la defensa junto al estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, evitaron anticipar pronósticos, pero aseguraron que se evalúan todos los escenarios.
En paralelo, fuentes cercanas a Burford señalaron que no se han registrado reuniones con funcionarios argentinos desde un encuentro en 2024 con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Según esas versiones, la empresa presume que el gobierno evita un contacto directo por temor a eventuales denuncias penales, como las que enfrentaron funcionarios entre 2015 y 2023.
Las acciones de YPF registraron una baja de aproximadamente 5% desde el 7 de agosto, mientras que los papeles de Burford se mantuvieron estables.
Analistas prevén que la decisión cautelar del Segundo Circuito podría generar movimientos significativos en ambos activos y marcar el curso de uno de los litigios internacionales más relevantes para Argentina.
El Tribunal deberá determinar si mantiene la suspensión del fallo, si levanta la orden o si pide al país que presente otra garantía.
El 30 de junio pasado, la jueza Preska falló en contra del país y dispuso que la Argentina entregue las acciones de la petrolera a los fondos Burford y Eton Park como forma de pago de la indemnización fijada en USD 16.100 millones más intereses.
La defensa argentina presentó una apelación para frenar la orden y, mientras tanto, el tribunal concedió una suspensión temporal.
“Pueden dictarla, pero si lo hacen, es una decisión incumplible por parte del gobierno nacional, porque existe esta famosa ley que hemos comentado, la ley por la que se expropió la empresa”, señaló Guillermo Francos.
Según el jefe de ministros, la legislación indica que “para que alguna vez se venda alguna acción de YPF de las que pertenecen al Estado nacional, eso tiene que ir al Congreso y ser aprobado con una mayoría especial”.
Al momento de solicitar la suspensión, la defensa argentina consideró que la magistrada se excedió en su jurisdicción y que no hay posibilidad material de expropiar las acciones.
Además de pedir la suspensión de la entrega de acciones, también pidieron que se dicte una suspensión provisoria mientras la Cámara analiza si otorga una protección formal mayor.
En esa línea señaló que “Preska está invadiendo una jurisdicción” y que no puede “ordenarle algo a un Estado, y las acciones son de imposible expropiación, porque están registradas en la Caja de Valores”.
