Personas con discapacidad, familiares y organizaciones sociales se movilizaron durante este martes por las calles de Eldorado para reclamar la declaración de emergencia en discapacidad y manifestar su rechazo al veto presidencial que suspende las garantizadas prestaciones esenciales para este sector. Exigen el respeto a los derechos que consideran fundamentales para mejorar la calidad de vida de quienes tienen alguna discapacidad.
Una vecina del barrio El Porvenir, Laura Beatriz Balmori, afectada por una enfermedad poco frecuente y con discapacidad motriz, contó que la lucha es constante y necesaria. “Me siento en obligación de estar acá por mis pares y por mí, porque el presidente dice que no somos problema del Estado, sino que somos problema de la familia y no, nada que ver, somos sujetos de derechos y queremos que eso se respete”.
Ante la justificación oficial de esperar y tolerar la crisis social y económica, respondió que “le decimos al presidente que tenga un poco de corazón, que nosotros sufrimos una condición. Tenemos talento, tenemos habilidades y queremos expresar esta impotencia que sentimos”. A su vez, alertó que “en Eldorado, 22 personas ya perdieron su pensión, en mi caso también”.
Además, destacó la percepción que tiene la comunidad: “La gente comenta que no puede ser que el presidente no tenga un poco de corazón con las personas con discapacidad porque somos los más vulnerables. ¿Por qué nos maltrata así? ¿Por qué nos discrimina? No nos negamos a trabajar, queremos trabajar; pero que se cumpla el 5% (cupo por discapacidad) que tanto se dice”.
Por su parte, Liria, madre de Martín, un joven de 20 años con hidrocefalia, operado del corazón y cinco cirugías en la cabeza, también luchó por preservar sus prestaciones médicas y educativas. “Mi nene necesita fonoaudióloga, psicóloga, maestra integradora, para seguir adelante en sus estudios y poder caminar. Martín tiene kinesiología para caminar, porque él caminó a los 8 años, y sin eso no hubiera caminado”, explicó con preocupación.
Liria comentó la difícil situación que atraviesan las profesionales que atienden a personas con discapacidad: “Nos dicen que están muy atrasados en los pagos. Van a tener que empezar a cortar las horas porque les deben hasta seis meses. El año pasado, casi no tuvimos prestaciones por eso”.
Frente al pedido oficial de tener paciencia y esperar a que la situación del país mejore, Liria señaló que “un chico con discapacidad no puede esperar porque necesita atención diaria. Si falta dos o tres clases, tiene que volver a empezar y eso alarga todo. El presidente dice que tenemos que aguantar, esperar, pero no es así. Esto no es un capricho, es una necesidad”.
Asimismo, expresó que la crisis laboral golpea a sus familias: “Mi esposo trabajó 20 años, pero le redujeron horas este año. Con el sueldo que cobra, imposible pagar profesionales. Tengo otro hijo en la facultad y no nos alcanza”.
