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“No queremos venganza, queremos justicia”: la lucha de dos familias tras una tragedia vial

A ocho años del choque que mató a Alejandra Sartori y Miguel Barszczuk, sus familiares expresaron su dolor tras el otorgamiento de prisión domiciliaria al único condenado. “Nuestra sobrina crece sin sus padres, ¿eso no cuenta?”, cuestionaron.

24 julio, 2025
DOS VIDAS TRUNCADAS. Miguel y Alejandra tenían una beba de nueve meses y estaban construyendo su casa.

DOS VIDAS TRUNCADAS. Miguel y Alejandra tenían una beba de nueve meses y estaban construyendo su casa.

Alejandra Marcela Sartori (23) y Miguel Ángel Barszczuk (25), viajaban en su automóvil desde Campo Grande -donde residían- hacia la capital provincial para hacer un trámite y dejaron a su pequeña bebé de apenas nueve meses al cuidado de sus abuelos maternos. Era la mañana del miércoles 5 de abril de 2017.

Nunca se sabrá, pero se cree que en el trayecto quizás hablaron, entre mate y mate, de la casa que estaban proyectando (hacía muy poco habían contactado a la arquitecta a cargo), del futuro laboral de Alejandra que se recibió de abogada, del trabajo de Miguel que estaba cumpliendo funciones en Migraciones, de cómo estaba creciendo su hija, y muchos otros temas que un joven matrimonio puede abordar mientras está viajando.

De repente, al llegar a la altura del kilómetro 1.404 de la ruta nacional 12, en San Ignacio, el Peugeot 208 de la pareja chocó contra una camioneta Ford Ranger (perteneciente al Ministerio de Salud Pública), que según la Justicia, se cruzó de carril.

No solo se apagó en un instante la vida de Miguel y de Alejandra, como así también de la exconcejala Claudelina Deglise que iba en el otro vehículo. De alguna forma, le fue arrebatado algo de vida a los familiares de los fallecidos. Ya no fueron los mismos desde entonces.

Hubo un acusado por la tragedia, Cristian Ariel “Nano” Servián (31), quien iba al volante del rodado mayor y en 2023 fue condenado por un Tribunal a cuatro años y medio de prisión por triple homicidio culposo. No fue detenido hasta que la condena quedó firme el año pasado. Hace una semana, el mismo juez que dictó la sentencia, César Raúl Jiménez (del Correccional y de Menores 2 de Posadas), lo benefició con la prisión domiciliaria. Es decir que estuvo menos de un año en la cárcel tras matar a tres personas.

PRIMERA EDICIÓN ubicó a la madre de Alejandra Sartori, quien al enterarse de la citada resolución revivió la triste situación de la pérdida de su única hija mujer.

“Mi hija estudió abogacía para defender sus derechos y de quienes lo necesitaran y para luchar contra las injusticias. Lo mínimo que podemos hacer en su honor es tratar de pedir justicia. Siento que si no pedimos que esto no quede impune le estamos fallando, queremos que el acusado cumpla la sentencia en la cárcel”, pidió Ybethy Bolhing (54).

Vale recordar que en el documento que benefició al acusado decía que “Servián era el sostén de una familia de tres: vivía con su pareja y su hijo de 6 años”. Y que “actualmente, la mujer y el menor están atravesando situaciones de extrema vulnerabilidad, financiera y emocional sin el padre de familia”. Al respecto, Ybethy manifestó: “Mi nieta se crió con nosotros, nos hicimos cargo de ella y fuimos su sostén porque quedó huérfana de padres. No le ocultamos la realidad como hicieron con el hijo de Servián que le decían que su padre estaba de viaje y no en la cárcel. Mi nieta quería a sus padres también, ella va al cementerio y siempre le hablamos con la verdad aunque nunca tenga una respuesta de por qué pasó lo que pasó. Me extraña muchísimo que el juez le otorgó ese beneficio. Fue muy insensible de su parte”.

Luego agregó que “no hay que olvidarse que él (por Servián) siguió con su vida, desde 2017 hasta 2024 que fue detenido, en ese lapso formó una familia y hasta tuvo un hijo y siguió trabajando, mientras nosotros estábamos muertos en vida por la tragedia”.

 

“Ella es joven, puede trabajar”

Con respecto a lo que consideró la defensa sobre “una mirada discriminatoria de género” y que debería ser aplicada en igualdad de género, ya que “sobre ambos padres pesan las mismas obligaciones frente al menor”, en relación a que la madre del hijo de Servián se hizo cargo del menor pero necesita una figura paterna, como dice en la resolución, la progenitora de Alejandra Sartori expresó su opinión: “Yo tuve y tengo mucha responsabilidad, cuando murió mi hija tuve que seguir trabajando en el comedor a mi cargo, pese a todo. Yo también soy sostén de la familia, si ella es joven debe y puede trabajar, yo tengo 54 años me hice cargo de una bebé, empecé de cero con una criatura y lo seguiré haciendo y mientras no paro de trabajar, esa mujer debe tener una madre que se haga cargo de su hijo mientras ella sale a trabajar, hay guarderías”.

“Nosotros reclamamos que él (por Servián) debe pagar por su imprudencia, completar la pena en la cárcel. La resolución dice que tendrá un emprendimiento con domiciliaria, y ¿cómo va a hacer para salir a trabajar? Además, pronto vencerá su inhabilitación para manejar y le volverán a dar su función de chofer en Salud Pública”, calculó.

Planteó que “todos tenemos que hacernos cargo de nuestros actos. Durante el juicio ni siquiera tuvo la consideración por las familias de los fallecidos, no dijo ‘me equivoqué’ o ‘disculpen’, es un egocéntrico que nunca pidió disculpas. Esto nos dejó destruidos otra vez porque nosotros nunca hicimos marchas, simplemente esperamos por la Justicia. Si bien los cuatro años que le dieron no es la solución, por lo menos era algo para que pague. Nosotros criamos a nuestros hijos como personas de bien, que no quede como que la vida de ellos no vale nada”.

 

“Queremos justicia para Miki y Alejandra”

“El 5 de abril de 2017 nuestras vidas cambiaron para siempre. Ese día, una camioneta conducida por Cristian Servián chocó contra el vehículo en el que viajaban nuestro hermano Miguel Ángel Barszczuk -Miki, como todos lo conocían- y su pareja Alejandra Sartori. Los dos murieron en el acto.
Miki y Alejandra dejaron una hija de apenas 9 meses, que hoy tiene 9 años y crece bajo el cuidado de sus abuelos maternos. Esa niña perdió a sus padres antes de poder siquiera recordarlos.
Pasaron más de 7 años de dolor y lucha hasta que, recién en agosto de 2024, la Justicia condenó al responsable a 4 años y medio de prisión. Pero la condena no se está cumpliendo como corresponde: a tan solo un año de estar en prisión, Cristian Servián consiguió el beneficio de la prisión domiciliaria. Alegaron que es sostén de familia por tener un hijo pequeño.
¿Y nuestra sobrina? ¿Acaso Miki y Alejandra no eran sostén de su propia hija? ¿Quién pensó en la vida que se llevaron y en la niña que quedó sin sus padres?
Sentimos que esta decisión es una falta de respeto al dolor que llevamos desde hace 8 años.
No buscamos venganza: buscamos justicia. Queremos que Cristian Servián cumpla la condena completa y de manera efectiva, como la Justicia lo resolvió.
Miki y Alejandra no van a volver, pero nuestra lucha es para que su muerte no quede impune. Pedimos que la Justicia sea verdaderamente justa.
En el juicio oral, Cristian Servián no mostró arrepentimiento. No pidió perdón, no se dirigió a nuestras familias, no tuvo una sola palabra de consuelo o empatía por las vidas que se llevó. Esa falta de humanidad muestra que clase de persona es”.

Familia de Miguel
Ángel “Miki” Barszczuk

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Tags: #SiniestrosVialesCampo GrandeRuta Nacional 12
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
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Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
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