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El fiscal Vladimir Glinka recurrió un fallo del TP-2 por ausencia de perspectiva de género

Apeló el veredicto de los jueces Yaya, Busse y Leiva del 13 de mayo pasado con el que beneficiaron a Oscar Macierzynski (40) de las acusaciones por “amenazas de muerte” sin contemplar las voces de las víctimas y de las pericias psicológicas.

29 junio, 2025
Fiscal Vladimir Glinka

Fiscal Vladimir Glinka

El lunes 12 de mayo pasado, el Tribunal Penal 2 de la Primera Circunscripción Judicial absolvió a Oscar José Macierzynski (40) por el beneficio de la duda luego de varias jornadas de debate oral al que llegó acusado de amenazar de muerte -en junio de 2021 en el barrio Rocamora de esta capital a su pareja delante de su hijo y apuntándola con una pistola. El fallo de los jueces César Antonio Yaya, Augusto Gregorio Busse y Marcela Alejandra Leiva (subrogante) fue recurrido ante el Superior Tribunal de Justicia por el fiscal Vladimir Glinka, quien rechazó los puntos del veredicto que habría incurrido en “ausencia de perspectiva de género” y provocado institucionalmente la “revictimización” de la mujer.

 

EN DEBATE. Macierzynski fue favorecido por el principio “in dubio pro reo”.

 

Macierzynski fue beneficiado por el principio “In dubio pro reo” (la duda a favor del reo) del delito de “amenazas agravadas” contra su expareja en la vivienda que compartían con dos niños también de la autoría de “acopio de municiones” (200 balas) de las dos pistolas nueve milímetros que guardaba en la sala de su casa al alcance de menores de edad. En su alegato acusatorio en juicio, el fiscal Glinka solicitó siete años de prisión efectiva, pero el encartado solo fue hallado culpable y condenado a tres años de prisión en suspenso por el delito “tenencia ilegal de arma de guerra” y a ocho horas mensuales de labores comunitarias por el tiempo de la pena mencionada.

PRIMERA EDICIÓN tuvo acceso al recurso en el que se destaca que el fiscal no impugnó la absolución dispuesta por “acopio de armas y municiones” pero sostuvo que “lo que no se puede admitir es que la sentencia resolvió absolver al acusado por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego (…) A pesar del cúmulo de pruebas que permite tener por acreditada su comisión y la autoría del imputado, se absolvió a Macierzynski por el beneficio de la duda, sin aplicar un análisis jurídico con perspectiva de género, omitiendo valorar adecuadamente tanto el contexto de violencia familiar como el impacto que dicha situación tuvo sobre el testimonio de la víctima”.

Remarcó la validez de la calificación con que llegó el expediente al TP-2. Coincidió con la postura del fiscal de Instrucción 6, René Germán Casals y el juez Ricardo Walter Balor. Pero cargó contra el fallo de los jueces mencionados: “Los fundamentos de la sentencia no asignan el valor correcto a las dificultades que atraviesan las mujeres que sufren una situación de violencia de género, más aún en un supuesto en el que la víctima y el imputado mantuvieron un vínculo extenso, conviven y tienen un hijo en común como en el presente caso”.

“No pueden pasarse por alto características claras de las etapas del ciclo de violencia en el relato de la denunciante, y que a lo largo del mismo confluyan sentimientos ambivalentes; más cuando el desafío de los operadores judiciales es el de realizar un juicio individualizado a partir de un análisis integral de la causa que pondere la situación concreta en la cual se encontraba la denunciante sin descalificarla por el modo de expresarse o su comunicación posterior con el imputado como pretende la sentencia. El Tribunal le trasladó a la víctima la responsabilidad de repeler una agresión cuando no existe ningún motivo por el cual deba soportarla y por ende, la sentencia trasluce una concepción cultural estereotipada, basada en estructuras que deben superarse porque avasallan el lugar de la mujer y, entre otras cosas, le carga la responsabilidad de los ataques que ella misma sufre”.

También contextualizó su postura: “Sabido es que las causas relacionadas con situaciones de violencia de género suelen tener lugar en la intimidad, exentas de las miradas de terceros y encontrándose las víctimas en un estado de desventaja frente a su agresor, por lo que la declaración de la víctima debe tener un valor preponderante en todo el proceso penal”.

Sostuvo ello en relación a la ley 26.485 de “protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, a la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ambas con jerarquía constitucional y también al pensamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Las reglas de la sana crítica racional deben ser utilizadas con especial atención a las condiciones en que se prestan los testimonios en contextos de violencia de género”.

Puntos clave

Respectos a los fundamentos materiales, Glinka sostiene (en su apelación de 35 páginas) que el Tribunal no valoró con perspectiva de género las declaraciones de la víctima ante la Comisaría de la Mujer, en sede judicial y en el debate oral. Como tampoco las pericias científicas y las psicológicas.

De la víctima habrían obviado los jueces su relato: “Ese día, era un jueves, llegué de trabajar, a eso de las 20, con mis hijos y comenzamos a discutir con mi expareja Oscar y se fue poniendo cada vez más tensa la situación, porque peleábamos por mi hijo mayor (10 años en ese momento), que no es hijo de él. Fuimos discutiendo hasta que él agarró un arma que tenemos ahí en la sala a mano y me apuntó al pecho y me dijo que si me seguía haciendo la loca me iba a matar. Luego salió y comenzó a dispararle al montículo de tierra atrás de la casa”.

 

“Preocupante”

Durante el juicio, la defensa que representó Miguel Varela (defensor oficial) interrogó a la víctima por haberse comunicado con el encartado luego del hecho. “Con relación a este punto, el tribunal sostuvo, en sintonía con el planteo de la defensa, que no existiría violencia de género por el solo hecho de que, con posterioridad a la denuncia le envió mensajes al imputado, le preparó un café, le guardó el almuerzo y le compartió fotografías del hijo que tienen en común”.

“Este razonamiento evidencia un preocupante desconocimiento de las dinámicas propias de la violencia de género, donde la ambivalencia emocional, el sometimiento psicológico y la persistencia de vínculos de dependencia no excluyen ni niegan la existencia del hecho violento. Por lo cual sostener lo contrario no solo implica una errónea valoración de la prueba, sino también la reproducción de estereotipos que obstaculizan el acceso a la justicia de las víctimas”.

“Él agarra el arma me apunta me dice que deje de hacerme la loca, porque no le ponía disciplina a mi hijo, luego al pasar ese momento me dijo un par de cosas que ya ni me acuerdo fue un momento shockeante y él se fue al costado de la casa que había siempre un montículo de tierra y que normalmente disparaba a ese montículo de tierra, cada tanto disparaba, como así también lo hacía en la casa de sus padres, en ese momento temblando agarré lo mandé a dormir a mi hijo, lo acosté al bebé, me acosté y esperé al día siguiente pensando qué iba a hacer”, dijo la víctima durante el debate.

El fiscal recordó lo que el niño, hoy con 13 años, declaró en el juicio: “Yo estaba jugando al Fortnite (juego de video en consola), hasta que se acerca Oscar y me pide trabajos duros como llevar cemento, maderas grandes o baldes pesados. Decidí ignorarlo y él intentó alzarme la mano. Mi mamá al ver esta situación se pone enfrente para defenderme y comienza una discusión hasta que él agarró el arma y le apuntó a la cabeza a mi mamá y le dice que la iba a matar”.

Glinka sostuvo: “El testimonio brindado no puede ser desatendido ni minimizado porque constituye una prueba directa y consistente de la materialidad del hecho investigado. Su relato no solo aporta detalles fácticos de lo ocurrido -la amenaza con arma de fuego y los antecedentes de violencia ejercida por el imputado- sino que además evidencia con claridad el contexto de violencia de género en el que se desarrollaba el vínculo familiar”.

Sobre el perfil psicológico de Macierzynski, resumió el fiscal sobre los informes del Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia, que “se puede advertir aspectos de la personalidad del imputado que no pueden ser ignorados al momento de valorar su comportamiento en el contexto de los hechos investigados (…) Marcada tendencia al egocentrismo, a minimizar sus propias fallas y exagerar sus virtudes, además de mostrar desconfianza hacia los demás e intentar ubicarse siempre en una posición favorable, ocultando rasgos negativos de su personalidad”.

“La pericia, lejos de ser un dato aislado, aporta elementos que refuerzan la verosimilitud del relato de la víctima y la existencia de un patrón relacional asimétrico, donde el imputado ejerció control, manipulación emocional y posibles conductas agresivas, incluso en presencia del hijo de la víctima”.

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Tags: #PosadasA punta de pistolaamenaza de muertePerspectiva de GéneroTribunal Penal 2
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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