El procedimiento del 13 de agosto de 2017, cuando Gendarmería en un control vial en el acceso al puente San Roque González descubrió una caravana de automóviles cargados con cigarrillos, vapeadores y juegos de luces LED en todos sus rincones y que aceleró la investigación judicial sobre una presunta red de agentes aduaneros que cobraban coimas para que ingresaran sin ser observados, fue el eje ayer en la reanudación del juicio en el Tribunal Federal de esta capital a cuatro funcionarios de la ex AFIP-DGA, hoy ARCA.
El testigo, es hoy comandante de GN y subjefe del Escuadrón de la fuerza federal. Entre 2016-2017 se desempeñaba como oficial a cargo los procedimientos preventivos de seguridad y tránsito en los puestos de Fachinal (ruta nacional 105), El Arco (ruta 12) y los accesos al puente Posadas-Encarnación.
Ayer declaró para explicar su función durante el operativo que se desplegó en la fecha mencionada sobre la vía de acceso a la zona primaria del viaducto cuando sus subalternos detectaron que tres automóviles, uno argentino y dos con patente paraguaya, salían en fila del área de Aduana y Migraciones y al notar que se movilizaban repletos de cajas, los frenaron y requisaron en la playa de estacionamiento frente al predio del tren internacional.
Fue puntilloso en su declaración, indicó marcas y modelos de los vehículos (un Fiat Palio argentino y dos Toyota con chapa patente del vecino país): “En los tres autos con vidrios polarizados había cajas en todos los asientos, menos en el del conductor. Llenos hasta en los baúles con luces LED, cámaras, cigarrillos, vapeadores y cigarrillos electrónicos. Fue un procedimiento en flagrancia de delito, nada tenía aval aduanero”.
El comandante de GN citó como recuerdo llamativo: “Cuando se los requisaba uno de los conductores paraguayos dijo: ‘Qué raro, la verdad no sé qué pasó porque es la tercera vez que pasamos el puente hoy y no tuvimos problemas antes’”.
Luego, para ampliar claridad, realizó un croquis borrador sobre una pizarra en la sala de debate. Allí precisó lugares y describió el contexto de seguridad entre la salida de la zona primaria del puente y la rotonda de la estación del tren internacional de pasajeros. Marcó que ya estaba montado el muro de cemento que rodea todos los puntos de acceso y egreso y cerró: “Ese era el único camino para llegar o salir del puente”.
Barrio San Lorenzo
Un oficial de investigaciones de la Prefectura Naval Argentina declaró luego ante el TOF-Posadas integrado por Enrique Jorge Bosch (subrogante de Resistencia, Chaco) como presidente y los vocales Manuel Alberto Jesús Moreira y Gustavo Fabián Cardozo.
Tiene 43 años y fue citado para narrar su participación en la pesquisa y allanamientos que ordenó la jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata en 2017 en el barrio San Lorenzo (zona sur posadeña) en los que se descubrió una red de contrabando con la misma modalidad, cruzar los controles aduaneros en tandas de cuatro o tres vehículos sin ser revisados en el puente.
“Hicimos trabajos de observación de los movimientos sospechosos y cada vez que los detectábamos por el acceso sur rumbo al barrio San Lorenzo (avenida Cabo de Hornos y arroyo El Zaimán) cruzábamos datos con Migraciones y corroborábamos de quiénes se trataba. Ingresaban rápidamente en una propiedad y permanecían dos horas aproximadamente. Luego volvían a Encarnación”, resumió el funcionario de seguridad.
“Seguimos a una de las caravanas, pedimos autorización al Juzgado Federal y allanamos el lugar donde entraron cuatro automóviles con patente paraguaya. Secuestramos mercadería variada, pero principalmente cigarrillos, nada tenía avales de Aduana. Era un lugar de acopio”.
Calificación e imputados
Los aduaneros encartados fueron detenidos el 10 de octubre de 2017 y son: Orlando Ariel Alfonso (56 años, oriundo de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires), Francisco Antonio Llorente (64, Paso de los Libres, Corrientes), René Lorenzo Juárez (68, bonaerense de Lanús) y Bernardino Castor Esquivel (51, nacido en Clorinda, Formosa).
Están apuntados como responsables en sus guardias de los carriles de los controles en el puente para que los automóviles que traían mercadería sin avales no fueran revisados a fondo y continuaran tránsito.
La carátula de la causa es “asociación ilícita, exacciones ilegales (coimas), favorecimiento y facilitación al contrabando, y participación en ese delito”, todo agravado por la calidad de funcionarios públicos de los involucrados. El debate continuará mañana con cuatro testigos en la sala de audiencias de calle Félix de Azara casi Catamarca.
