La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) presentó este miércoles una demanda contra Amado Boudou, exvicepresidente de la Nación, para que devuelva $236.066.031,25 correspondientes a la jubilación de privilegio que cobró durante el tiempo en que estuvo condenado por delitos de corrupción, según informó el organismo en un comunicado oficial.
El reclamo fue impulsado por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y fue trasladado a la Justicia Civil y Comercial Federal. El monto exigido podría ser aún mayor, ya que la demanda contempla “su pertinente actualización” por inflación.
Una pensión bajo cuestionamiento
La jubilación de privilegio había sido otorgada a Boudou pese a que, desde 2018, enfrentaba una condena por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco del escándalo por la compra irregular de la imprenta Ciccone Calcográfica. La Corte Suprema confirmó la sentencia en 2020, dejándola firme.
En ese entonces, el exfuncionario llegó a percibir más de $8 millones mensuales en concepto de pensión vitalicia. La ANSeS revocó ese beneficio en noviembre de 2023, al argumentar que “haber sido encontrado culpable de un delito contra la administración pública en ejercicio de su función pública, tornaba inadmisible que pudiera seguir percibiendo” esa asignación.
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— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) June 11, 2025
El caso Ciccone
La causa por la que Boudou fue condenado investigó cómo, a través de terceros, el exvicepresidente se quedó con la mayor imprenta privada del país, la única con capacidad para imprimir billetes. En 2011, Ciccone imprimió boletas electorales y, en 2012, fue estatizada. Años después, en 2021, el gobierno de Cristina Kirchner contrató a Ciccone para imprimir 160 millones de billetes de $100, por un total de $140 millones.
Inhabilitado de por vida
Además de la pena de prisión (cinco años y diez meses), Boudou fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. La decisión de la ANSeS y el Ministerio de Capital Humano forma parte de una política más amplia de revisión de los beneficios previsionales de exfuncionarios condenados, que ya alcanzó también a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Fuente: Clarín
