“Fin de año París”, “el sueño de esa casi frente al río” o “esa camioneta Jeep Compass”. Los objetivos que trazó el comandante de Gendarmería en 2020-21 al frente del Escuadrón 9 “Oberá”, Marcos Antonio Duette, de acuerdo a la investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), parecen estar cada vez más lejos juntos a los de su subalterno suboficial Ricardo Fabián Gómez. Ayer la Fiscalía y la Querella ante el Tribunal Federal de Posadas, coincidieron y solicitaron ocho años de prisión para el primero y seis para el restante, ambos con roles centrales en la causa, por integrar una asociación ilícita para coimear y liberar rutas hasta el río Uruguay y facilitar el contrabando de millones de dólares en cargas de soja y maíz al Brasil.
Los alegatos de los acusadores se desplegaron durante toda la mañana. Puntillosos y pormenorizados, Rossana Beatriz Sienra querellante por ARCA (Ex AFIP) y el fiscal Federal Pablo Ricardo Di Loreto, destacaron las ratificaciones en el debate de los testigos de la investigación iniciada el 9 de noviembre de 2020 por la fiscal Viviana Vallejos y el juez Federal de Oberá, Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga, la que se profundizó con las doce detenciones un año después y la pesquisa con los elementos secuestrados hasta la elevación al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas en 2023.
“Gómez y Duette garantizaban la liberación de las rutas 14 (nacional) y 2 para Santiago Marino (cabecilla de la organización que ya firmó una condena de cinco años en juicio abreviado)”, resaltó Sienra y explicó que los delitos se desarrollaban en tres etapas: “Adquisición y compra de la soja y la documentación para transportarla. La segunda fue el traslado y las anulaciones de las cartas de porte o trazabilidad una vez que ingresaban a Misiones. Y la tercera el cruce de los granos mediante el contrabando en barcazas”.
Apuntó que Duette y Gómez formaron parte de la red que creó cooperativas fantasmas en Oberá para solicitar las cartas de porte, entre otros documentos, a la entonces AFIP: “Personas Activas Ltda”, fue una de ellas y montada por Marino en un domicilio donde funcionaba una boutique. Otra en una casa de familia. Lo hizo junto a otras personas que también ya firmaron sendos juicios abreviados que aguardan la resolución del que debate en curso para que se ratifiquen las penas que acordaron, en total, nueve.
Para Sienra, Duette y Gómez intervenían en la segunda etapa de las maniobras, la de facilitar la llegada a la costa del río Uruguay de los camiones sojeros una vez que ingresaban a la provincia tras cubrir los aranceles de Dirección de Rentas (hoy ATM) en San José. Debían llegar hasta los pasos clandestinos de Colonia Aurora, Colonia Delicia y El Soberbio, antes las cargas de los camiones eran pasadas a bolsas de arpillera y de allí en barcaza a Brasil.
Todas las acciones ilegales fueron informadas por los pesquisas de la PSA entre 2020-2021 al juez Gallandat Luzuriaga.
La “colaboración” de Duette también consistió para la acusación, en garantizar que los controles viales de Gendarmería no entorpecerían la labor de la organización. Gendarmes declararon en debate y ratificaron que fueron trasladados o cambiados de destino después de interceptar camiones que transportaban tractores que ingresaron contrabandeados desde Brasil y que se sospecha fueron adquiridos por Santiago Marino.
Sienra destacó un mensaje de Duette a Marino en 2020: “Vamos a hacer buenos negocios juntos y a fin de año París”. Marino le responde: “No hay drama, para eso estoy”.
El rol de Gómez fue asignado por Duette y comprendía prestar su servicio de chofer a Marino al mando de la camioneta Ford Ecosport azul propiedad de la pareja (ya fallecido) del cerebro de la organización. Este vehículo habría oficiado de puntero de los camiones con soja o las máquinas agrícolas brasileñas sin papeles. “74 viajes en un año se registraron, al menos, con Gómez como chofer de Marino”, resumió Sienra.
“Una vez que entraban los camiones las cartas de porte se anulaban. Entre 2020 y 2021 el 65 por ciento fueron anuladas. En Misiones solo dos industrias necesitaban granos de soja”. Marino para entonces ya figuraba en la lista APOC de AFIP, de los contribuyentes con facturación irregular. Sienra sostuvo que para evitarse problemas, “Duette le ordenó a sus subalternos de Gendarmería no comunicarse con el Juzgado Federal cuando requisaban un camión en la ruta. Primero debían hacerlo con él”.
La querellante expuso la actividad ilícita de hace cinco años: Misiones tenía cinco mil hectáreas de soja plantada, diez mil toneladas al año. Las industrias locales necesitaban veinte mil toneladas para su consumo. “Entre enero y octubre de 2021 ingresaron a Misiones cien mil toneladas. Es decir, 90 mil cruzó de contrabando a Brasil. En total, 6.787 millones de pesos de evasión”.
Sienra solicitó, además de las penas e inhabilitaciones para los acusados, se le decomisen todos los bienes adquiridos, cuentas bancarias, etcétera y sean rematados o destinados a ARCA.
El alegato del fiscal Di Loreto fue coincidente y estimó que la antijuricidad de los actos de Duette y Gómez quedó demostrada durante el debate y en el expediente. “Se destruyó el principio de inocencia de ambos”. “Compartían información de su labor con civiles (organización para el contrabando), datos de los controles y no denunciaban los delitos. Utilizaban bienes del Estado para custodiar a Marino”.
Contextualizó que la tonelada de soja entonces se pagaba 512 dólares en Uruguay, 510 en Brasil, 498 en Paraguay. Mientras que en Argentina valía 300 más las retenciones, 33 por ciento. “Duette y Gómez eran parte de una organización y su rol fue el de facilitar el paso de los camiones y si surgían inconvenientes debían intervenir ante el Juzgado y ante sus subalternos. En el escuadrón le tenían miedo a Duette, había temor de salir a controlar los camiones en la ruta”.
Di Loreto durante poco más de una hora y media detalló las conversaciones de Marino, Duette y Gómez, pero también con los demás involucrados.
Solicitó a los jueces Manuel Alberto Jesús Moreira, Víctor Antonio Alonso (Corrientes) y José Manuel Iglesias (Chaco), la misma condena. El próximo paso en el debate se dará el lunes 9 de junio, con los alegatos de los defensores Carlos Matías Larraburu y Augusto César Leguiza, ya recuperados de los problemas estomacales que obligaron el lunes a postergar, por segunda vez, el tránsito de las audiencias. Se espera el veredicto para el mismo día.
