La Justicia Federal de Mendoza suspendió dos resoluciones del PAMI que restringían el acceso gratuito a medicamentos para jubilados, en el marco de una medida cautelar presentada por las dos centrales sindicales de la CTA. El fallo restituye el beneficio para los afiliados alcanzados por la acción colectiva, al considerar que las normas impugnadas son “regresivas y arbitrarias”.
Las resoluciones 2431 y 2537/2024, dictadas por el PAMI bajo la actual gestión del gobierno de Javier Milei, establecían límites al acceso gratuito de medicamentos en función de criterios patrimoniales y de ingresos. Ahora, la Justicia consideró que estas disposiciones vulneran derechos adquiridos y van en contra del principio de progresividad de las políticas sociales.
“El fallo representa un reconocimiento por parte de la Justicia a un derecho del que fueron brutalmente despojados los jubilados y las jubiladas de este país”, expresaron en un comunicado conjunto Hugo Yasky y Hugo Godoy, referentes de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, respectivamente.
Desde las centrales obreras remarcaron que el alcance de la medida judicial es específico para los afiliados al PAMI que forman parte de las CTA, aunque destacaron que la resolución podría sentar un precedente para futuros reclamos colectivos. “Este fallo reafirma la legitimación de nuestras organizaciones para accionar frente a políticas que lesionan derechos fundamentales”, afirmaron.
Además, cuestionaron el enfoque adoptado por el organismo previsional. “El PAMI no puede comportarse como una empresa que administra beneficios según la lógica del recorte, sino como una institución que debe garantizar la salud de sus afiliados como un derecho humano básico”, indicaron.
Este pronunciamiento judicial se suma a una decisión similar adoptada días atrás por la Justicia Federal de Córdoba, que también ordenó suspender la aplicación de la resolución 2431/24 y restituir el 100% de cobertura en medicamentos para los afiliados afectados.
El freno judicial a los recortes impulsados por el gobierno nacional abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el rol del Estado en la protección de los derechos sociales, en particular los vinculados a la salud de la población jubilada.
