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Manejo forestal responsable: “Se trabaja en la mejora continua”

Con monitoreos constantes y certificación internacional, Pomera gestiona 40 mil hectáreas con foco en conservación, control a contratistas y vínculos con la comunidad, en un esquema que apunta a elevar los estándares del sector.

10 mayo, 2025

Pomera Maderas, empresa forestal e industrial con plantaciones propias, produce “madera sólida de alta calidad desde hace más de veinte años”, indicó Esteban Tarnowski, responsable de Medio Ambiente y Salud Ocupacional.

“Estamos certificados con un sello de calidad internacional, que es FCC, de Manejo Forestal Responsable”, agregó en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones.

Según explicó, esa certificación implica que “estas prácticas son auditadas anualmente”. El objetivo es “determinar las condiciones que se están trabajando, las condiciones que se realizan, todas las prácticas dentro y fuera de la organización.

El cumplimiento del estándar internacional “es sumamente importante” en tres aspectos: “la parte ambiental, la parte social y, por último, la parte económica”.

En el plano ambiental, Tarnowski señaló que las plantaciones de la firma “tienen áreas de conservación, áreas de reservas, que son destinadas a preservar la biodiversidad. Tenemos monitoreos de aguas para ver la calidad del agua, cómo impacta la forestación en esos cursos de agua, en el suelo. Tenemos especies amenazadas o en peligro, que también hacemos el monitoreo y el seguimiento con fundaciones”. También destacó que si bien el sello exige un porcentaje determinado de conservación, “nosotros superamos esos límites y tenemos mayores áreas” con ese objetivo.

 

 

En cuanto al aspecto social interno, comentó que “Pomera Maderas tiene supervisores destinados a controlar los trabajos que se realizan, y a su vez tiene empresas contratistas”.

A estos contratistas “se les exigen ciertos requisitos, que son los requisitos legales actuales de  Argentina”.

Luego añadió que “se trabaja mucho en el seguimiento de estos contratistas para que cumplan todas las normativas legales vigentes en materia de seguridad, capacitaciones, prevención, obviamente los aportes, las cargas sociales, tener día, los vehículos, las condiciones”.

Los auditores del sello FCC evalúan estos temas mediante un sistema con “10 principios y algo de 70 indicadores. Dentro de los indicadores también hay subindicadores, que se van desplegando y tienen más y más cosas. Es un número importante. No suelen mirar todos, sino que es al azar, y depende del año que vienen a auditar”.

Tarnowski enfatizó que el trabajo es dinámico y enfocado en la “mejora continua. Hoy se planta acá, mañana se planta en otro lugar. Se está modificando todo el tiempo las zonas de trabajo. Sale alguna resolución, alguna normativa de seguridad nueva. Entonces se trabaja en eso, en alguna legal también se le aplica. Tenemos que estar en plena actualización de las normativas”.

Respecto a la relación con la comunidad, explicó que trabajan “con programas educativos en escuelas, con la entrega de leña, postes, ayuda con corte de pastos, controles de hormigas. Todo lo que esté al alcance de la empresa que pueda ayudar a las escuelas y las comunidades”.

Actualmente, Pomera mantiene bajo monitoreo ambiental y social “alrededor de 40.000 hectáreas”, ubicadas “en el sur de Misiones y norte de Corrientes, que abarca la parte de Ituzaingó, Virasoro, Garruchos y Garavito”.

Además, aseguró que el modelo se comparte. “Hay muchas empresas vecinas que están certificadas también. Con algunas se trabaja en conjunto. La idea es levantar la vara entre todos y tener un manejo forestal responsable con la sociedad, con la comunidad, con los contratistas, con el personal interno”.

 

Tags: Esteban TarnowskiManejo Forestal ResponsablePomera Maderas
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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