La provincia de Misiones se destaca en el Nordeste Argentino (NEA) por presentar una de las tasas más elevadas de litigiosidad laboral, una problemática que genera preocupación en diversos sectores debido a sus implicancias en la economía y el mercado laboral regional, y que se incrementó en el último año con la llegada del modelo económico libertario, las desregulaciones, ajustes y tarifazos.
Entre enero y septiembre de 2024, Misiones registró la mayor cantidad de juicios laborales iniciados por trabajadores de unidades productivas y casas particulares en el NEA, con una tasa de 7 juicios cada 1.000 trabajadores registrados, según un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE).
El dato posiciona a Misiones como la provincia con mayor litigiosidad laboral en el NEA, superando a sus pares de la región: Chaco (3 juicios cada 1.000 trabajadores), Corrientes (2,9) y Formosa (2,5). Estas cifras, si bien menores en comparación con otras jurisdicciones del país, dan cuenta de una creciente conflictividad en el ámbito laboral formal en la tierra colorada.
En el contexto nacional, la provincia de San Luis encabeza el ranking con más de 60 juicios iniciados cada 1.000 trabajadores registrados, seguida por Río Negro y Mendoza, con tasas superiores a los 40 juicios por cada 1.000 empleados. También se destacan por su alta litigiosidad Santa Fe, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todas con tasas que oscilan entre 15 y 25 juicios por cada 1.000 trabajadores.
En el otro extremo, Catamarca, La Rioja, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego presentan los índices más bajos de conflictividad judicial laboral, con tasas que no superan los 2 juicios por cada 1.000 trabajadores registrados.
El fenómeno de las demandas laborales es multicausal. Factores como la calidad del empleo, el acceso a la justicia, la actuación de los abogados laboralistas, las políticas empresariales y las condiciones económicas regionales influyen en la decisión de los trabajadores de recurrir a instancias judiciales.
En el caso de Misiones, el dato podría reflejar una mayor concientización de los derechos laborales por parte de los trabajadores, pero también podría estar asociado a posibles conflictos en la registración, condiciones de empleo o al accionar de determinados estudios jurídicos.
Frente a este escenario, especialistas señalan la necesidad de avanzar en mecanismos alternativos de resolución de conflictos y en políticas de prevención que promuevan el diálogo social entre empleadores, trabajadores y el Estado.
Pero además, la situación también refleja un crecimiento de la conflictividad laboral, un deterioro de la relación entre empleados y empleadores, un caldo de cultivo que se incrementó desde la instauración del modelo económico libertario, que promueve la desregulación laboral, el ajuste que paralizó numerosas actividades económicas como la obra pública, la devaluación y los tarifazos que impactaron en el deterioro del poder adquisitivo de trabajadores formales e informales.
A nivel nacional, la litigiosidad laboral ha experimentado un incremento notable. Según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en 2024 se registraron 125.842 nuevos juicios por riesgos del trabajo, lo que representa un aumento del 7% respecto al año anterior. La provincia de Buenos Aires lidera este ranking con 50.584 demandas anuales, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con 22.946 casos y Santa Fe con 16.439 juicios, evidenciando un incremento del 21,5% en comparación con el año previo.
En los informes recientes, se observa que Misiones mantiene una alta tasa de juicios laborales en comparación con otras jurisdicciones del NEA. Fueron alrededor de 900 durante el año pasado.
El volumen acumulado de juicios laborales genera efectos a largo plazo en el sistema judicial argentino. Las demoras en la resolución de estos expedientes no solo afectan a los trabajadores y empleadores de manera directa, sino que también impactan negativamente en la capacidad de los tribunales para procesar nuevos casos
Las actividades con más juicios
En noviembre de 2024 ingresaron 10.649 nuevos juicios al sistema. La industria manufacturera fue la actividad con mayor cantidad de juicios laborales iniciados, con un total de 2.453 nuevos expedientes.
Le siguen la administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con 1.776 casos, y el comercio mayorista y minorista, incluyendo la reparación de vehículos, con 1.213 denuncias.
Otros sectores con alta litigiosidad fueron el servicio de transporte y almacenamiento (1.142 casos) y la construcción, con 844 demandas laborales. También se registraron cifras significativas en actividades administrativas y servicios de apoyo (738 casos) y en el sector de salud humana y servicios sociales, que sumó 351 nuevos litigios.
Sectores como suministro de electricidad, gas y agua, así como servicios artísticos y culturales, registraron una menor cantidad de juicios en comparación con otras áreas.
Un obstáculo
De acuerdo a la IERAL, “la litigiosidad laboral se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la generación de empleo y el crecimiento de las empresas. La reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo de 2017 fue concebida con el objetivo de reducir la cantidad de juicios mediante la implementación de procedimientos administrativos más eficientes y un esquema de compensaciones más previsible. Inicialmente, esta reforma logró disminuir el número anual de demandas laborales, pasando de 130.678 en 2017 a 44.586 en 2020. No obstante, la litigiosidad ha vuelto a incrementarse y, hacia finales de 2024, se registran más de 125.000 demandas laborales iniciadas en el último año”.
Esta reactivación de la denominada “industria del juicio” responde, en gran medida, a la aplicación dispar de la normativa en distintas jurisdicciones. La falta de criterios uniformes en la resolución de los conflictos y la persistencia de incentivos económicos que promueven la judicialización han contribuido a este resurgimiento.
El crecimiento no parece estar vinculado a un aumento en los accidentes laborales, sino más bien a factores estructurales del sistema judicial y a los incentivos existentes para la presentación de reclamos.
En la comparación internacional entre Argentina, España y Chile, los valores de siniestralidad son relativamente similares en los tres países, lo que indica que la ocurrencia de accidentes laborales no varía drásticamente entre estas economías. Sin embargo, la judicialidad muestra diferencias mucho más marcadas. En Argentina, la cantidad de litigios por accidentes laborales es significativamente mayor, alcanzando 114,2 casos por cada 10.000 trabajadores. En contraste, en España la tasa es de 9,5 y en Chile de 5,8, lo que sugiere que en estos países los conflictos laborales derivados de accidentes de trabajo se resuelven con menor frecuencia en los tribunales.
Uno de los principales factores que ha impulsado la litigiosidad es la ausencia de cuerpos médicos forenses especializados en la mayoría de las provincias.
Otro elemento que favorece el crecimiento de las demandas en los Juzgados es la ausencia de costos para el litigante en casos desestimados.
Un factor clave en este fenómeno es la posibilidad de que los trabajadores elijan la jurisdicción donde presentan sus demandas. Esto introduce un sesgo en la interpretación de los datos, ya que la cantidad de juicios en una provincia no siempre se corresponde estrictamente con la realidad laboral local.
Para muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, el riesgo de enfrentar un juicio laboral puede representar la diferencia entre contratar o no a un trabajador.
